La resolución la tomó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que consideró que los elementos recolectados en el caso evidenciaron “la irregular incorporación de los proveedores” que participaban de las licitaciones que llevaba adelante el área, así como también “la arbitraria forma en que eran seleccionados para participar de una u otra convocatoria, la simulación de competencias y los mayores costos cotizados y abonados”.
Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron hoy el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa donde se investiga la existencia de una asociación ilícita que, desde el Estado, generaba millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas en el ámbito farmacéutico. La resolución abarca otros 18 procesamientos, entre los cuales se encuentran seis exfuncionarios.
Además de señalarlo como jefe de la asociación ilícita, Spagnuolo fue considerado autor de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo, es decir, por haber cobrado dinero de los presuntos beneficiados por la maniobra ilegal.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, cuyo titular es el fiscal federal Franco Picardi.
Además de la resolución donde confirmó los procesamientos, los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazaron el pedido de un grupo de los imputados que buscaban la nulidad de la causa.
Las maniobras investigadas
En la resolución, los camaristas repasaron lo establecido en la resolución donde se dictaron los procesamientos. Según la investigación, la Agencia Nacional de Discapacidad -bajo la órbita del Ministerio de Salud- tenía como finalidad llevar a cabo las políticas públicas en la materia. En base a ello, a través del Programa Federal Incluir Salud se brindaba cobertura médico-asistencial a las personas beneficiarias de pensiones no contributivas que no tuvieran cobertura médica, lo que abarcaba el financiamiento de las prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI).
De acuerdo con la hipótesis de la acusación, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, en ese ámbito se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios —en insumos y medicamentos—, que tuvieron como contrapartida “la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.
Para ello, se habrían valido de un programa informático que no participaba de ninguna de las características que demanda el sistema de contrataciones en el ámbito público y que tampoco contaba con la intervención ni aprobación de la Oficina Nacional de Contrataciones: el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones –SIIPFIS–.
Según la investigación, se habría sido manipulado para que solo fueran invitadas a cotizar sólo las droguerías y firmas proveedoras vinculadas a los miembros de la organización delictiva, cuyos integrantes conocían de antemano las asignaciones y simulaban una competencia mediante la utilización de oferentes ‘pantalla’”. Una vez adjudicadas, se garantizaban prioridad en el cobro y parte de las ganancias obtenidas eran distribuidas con algunos de los funcionarios partícipes de la maniobra.
“El examen de los elementos hallados en el allanamiento de la sede de ANDIS -en particular, el intercambio de correos electrónicos-, el resultado de la inspección de los teléfonos y la observación de las operaciones realizadas a través del SIIPFIS exhiben sin dificultad no sólo la irregular incorporación de los proveedores sino también la arbitraria forma en que eran seleccionados para participar de una u otra convocatoria, la simulación de competencias y los mayores costos cotizados y abonados”, recalcaron los magistrados.
Además, indicaron que las evidencias y documentos permitieron corroborar la relación formal e informal que existía entre los imputados. “Lo relevante de aquellos lazos es que las compulsas de precio y las adjudicaciones giraron en derredor de un grupo limitado de empresas entre las cuales estaban las precedentemente nombradas. La explicación está en los indicios colectados en tanto evidencian que esas acciones no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes”, establecieron.
Al momento de analizar la resolución donde se dictaron los procesamientos, sostuvieron que la documentación recolectada acredita “las relaciones societarias, los vínculos con los funcionarios, los encuentros y hasta los pagos indebidos —tanto a funcionarios como a los particulares que influían en las decisiones— con el dinero que obtenían de la artificial y excesiva fijación de los precios de los insumos y medicamentos que adquiría el Estado, en este caso y hasta aquí a través del programa Incluir Salud”.
El rol de los funcionarios
Con respecto a Spagnuolo, destacaron que “no se limitaba a validar y acompañar todo el proceso que transcurría frente a sus ojos y facilitar el camino para la concreción del plan criminal que era puesto en marcha por otros actores, sino que tuvo una activa intervención para lograr la concreción de los planes”.
Para los camaristas, la maniobra tenía como objetivo “la obtención de ganancias no sólo para las empresas indebidamente beneficiadas” sino también para el propio acusado. “Todo ello, vale aclarar, en perjuicio del Estado Nacional, que vio comprometido su patrimonio al materializar compras mediante procesos de selección indebidamente direccionados hacia unos pocos actores que, simulando competir, fijaron arbitrariamente valores que comprendieran no sólo mayores ganancias sino también los gastos por ‘comisiones’”, recalcaron.
Con respecto a Daniel María Garbellini, quien se desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, la Cámara Federal sostuvo que existen “múltiples probanzas que lo colocan en la escena criminal ejerciendo un rol preponderante desde su designación”, en julio de 2024.
De esa forma, enumeraron conversaciones con otros funcionarios sino también con los prestadores beneficiados por la maniobra. Para los jueces, desde la llegada de Garbellini a ANDIS “se logró articular con mayor eficacia las finalidades ilícitas del grupo investigado, disponiendo las herramientas y las personas de manera estratégica para materializar con éxito el negocio planteado”.
Además, confirmaron el procesamiento de Miguel Ángel Calvete como jefe de la asociación ilícita junto a Spagnuolo y Garbellini. “Conocía de antemano el momento en el que saldrían las compulsas, sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos, confeccionando en base a todo ello cuadros en los que, además de los pagos, se exhiben porcentajes del orden del 15%, 10%, 5% o 3%”, sostuvo la Sala II en referencia a Calvete.
Por su parte, su hija Ornella, que se desempeñaba como Directora de Análisis de Cadena de Valor y luego como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía, también quedó involucrada por ser partícipe de las maniobras.
“La involucrada procuraba información sobre qué personas se harían cargo de ANDIS –a requerimiento de su padre- o de qué forma podrían intervenir en otros negocios con el Estado, sino que además giraban en torno a las diversas cuestiones organizativas de los negocios ilícitos, evidenciando que Ornella Calvete conocía cabalmente sus alcances”, explicitaron.
“Existen evidencias que acreditan que continuaba concurriendo a las oficinas de Calvete con asiduidad incluso durante su desempeño en la función pública y en coincidencia con el período dentro del cual las empresas vinculadas comenzaron a incrementar sus ingresos al amparo de las cuestionadas contrataciones, a la vez que otras conversaciones dan cuenta de su interacción con otros integrantes del grupo”, recalcaron los camaristas.
Dentro de la misma resolución, confirmaron también los procesamientos de los exfuncionarios Diego D´Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional.
