Cerimedo enfrenta acusaciones por tentativa de feminicidio, un caso que fue abierto de oficio por la Fiscalía Departamental de La Paz. Foto: EFE
TELESUR en su portal digital informa que el gobierno de Bolivia ha abierto un segundo proceso contra el argentino Fernando Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito. El Ejecutivo, a través de su vocero presidencial, José Luis Galvez, rechazó las acusaciones vertidas por Nadia Beller, aunque advirtió que no tolerará acusaciones infundadas que carezcan de pruebas.
No obstante, Galvez declaró: «No tenemos nada que ocultar y afirmamos y nos sumamos a la iniciativa de los investigadores a que, conforme a la ley, se realice una investigación seria, transparente y ceñida a la verdad«. Asimismo, se confirmó que Cerimedo fue y es colaborador directo del presidente Rodrigo Paz.
Nadia Beller, sobreviviente a disparos de sicarios, denunció públicamente a su expareja, señalándolo como operador del gobierno para ejecutar negociados. Adicionalmente, Cerimedo enfrenta acusaciones por tentativa de feminicidio, un caso que fue abierto de oficio por la Fiscalía Departamental de La Paz tras su implicación en el presunto hecho.
Previamente, el consultor y exasesor político del presidente de Argentina, Javier Milei, fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.
Según la información disponible, Fernando Cerimedo es una de las personas más influyentes de Bolivia debido a su importante participación en la campaña electoral de la segunda vuelta del año pasado. Posteriormente, asumió el rol de asesor de comunicación estratégica y operador de negocios con diferentes instituciones y empresas vinculadas al Estado. Se indica que el presidente Rodrigo Paz le otorgó carta blanca para establecer relaciones y tomar decisiones que ningún ministro tiene la facultad de tomar.
Las denuncias de Beller vinculan a Cerimedo con una presunta red de corrupción que incluiría el ingreso de «narcomaletas» por valor de un millón de dólares a través de la aduana, envíos de madera con cocaína (incluyendo un cargamento de 108 toneladas) y el desvío de fondos hacia la familia presidencial.
