La causa se inició a partir de irregularidades detectadas por Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos en expedientes con el patrocinio de un mismo letrado. A partir del avance de la investigación, la UDEC amplió y modificó la imputación de dos personas ya investigadas e incorporó a otros dos imputados, además de Lucias Ignacio Molinas Grondona
Por indicación de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que amplió y modificó la acusación contra dos personas ya investigadas y formuló acusación contra otras dos, en el marco de la causa por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la utilización de pagarés y la promoción de juicios ejecutivos.
Un abogado del foro local fue imputado como coautor de estafas procesales reiteradas (64 hechos) en concurso real; estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (24 hechos); y estafas procesales reiteradas en concurso ideal con abuso de firma en blanco (50 hechos).
Una mujer fue imputada como coautora de estafas procesales reiteradas (48 hechos) en concurso real; estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (22 hechos); y estafas procesales reiteradas en concurso ideal con abuso de firma en blanco (48 hechos).
Por otra parte, otros dos hombres fueron imputados como coautores de estafas procesales reiteradas en concurso real, uno por 14 hechos y el otro, por seis.
La ampliación y modificación de la acusación se sustentó en nuevas medidas cumplidas durante la investigación, entre ellas la incorporación de expedientes de procesos ejecutivos remitidos por los cuatro juzgados del fuero, declaraciones testimoniales de personas demandadas y nuevas denuncias penales.
Los elementos reunidos permitieron ampliar la cantidad de hechos atribuidos a los dos imputados inicialmente e incorporar a los otros dos hombres, quienes figuran como parte actora en distintos procesos ejecutivos bajo análisis.
Asimismo, las declaraciones recibidas permitieron avanzar en la individualización de las distintas maniobras. Algunas de las personas demandadas manifestaron haber firmado pagarés en blanco que posteriormente habrían sido completados con datos que desconocían, mientras que otras negaron haber suscripto los instrumentos utilizados para promover las ejecuciones.
Según la hipótesis fiscal, estos documentos habrían sido utilizados para iniciar procesos ejecutivos en los que se consignaban domicilios que no correspondían a los demandados, impidiendo que tomaran conocimiento de las actuaciones y pudieran ejercer su defensa. De esta manera, se habrían obtenido resoluciones judiciales que derivaron, entre otras medidas, en embargos sobre sus haberes y bienes.
La causa se inició a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos, quienes habían advertido irregularidades en distintas actuaciones, entre ellas la reiteración de domicilios consignados para diferentes demandados. A partir de esa información, la UDEC dispuso el análisis de los expedientes y otras medidas destinadas a determinar la existencia y alcance de las maniobras investigadas.
