La historia del periodismo suele rendir pleitesía a Truman Capote por A sangre fría (1966), obra a la que se atribuye la invención de la “nonfiction novel”. Sin embargo, nueve años antes, en la Argentina, un escritor y periodista ya había forjado esa herramienta en circunstancias mucho más adversas. Rodolfo Walsh publicó Operación Masacre en 1957, y lo hizo desde la clandestinidad, por un crimen de Estado que la justicia acaba de reconocer como un crimen de lesa humanidad.
El 9 de junio de 1956, durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, un grupo de civiles fue fusilado en los basurales de José León Suárez, acusados de participar en un levantamiento peronista. La mayoría fueron ejecutados de forma clandestina, sin juicio previo. Seis meses después, Walsh escuchó una frase en un bar de La Plata que lo cambió todo: “Hay un fusilado que vive”.
En ese testimonio, Juan Carlos Livraga, que sobrevivió a los disparos, encontró el punto de partida de una investigación obsesiva. Walsh abandonó su trabajo, adoptó el seudónimo de Francisco Freyre y, con un revólver al cinto, se sumergió en la reconstrucción de los hechos. Dio con los otros seis sobrevivientes y fue tejiendo una crónica que combinaba el rigor periodístico con técnicas narrativas propias de la ficción policial: diálogos, suspenso y un ritmo vertiginoso.
La sombra de Capote
El resultado fue Operación Masacre, una obra fundacional del género de no ficción. Este libro se adelantó casi una década a In Cold Blood –A sangre fría– de Capote, pero el reconocimiento internacional se lo llevó el escritor estadounidense, amigo de las celebridades y con un aparato editorial que supo imponer su obra en el mercado global.
Mientras Capote trabajaba en Kansas con el apoyo de The New Yorker, Walsh investigaba desde el margen, bajo amenazas y con recursos precarios. La diferencia no es solo cronológica; es también la del que escribe desde el poder frente al que escribe desde la trinchera.
Actualidad y justicia tardía
La obra de Walsh, sin embargo, no ha perdido vigencia. En un hecho de enorme relevancia histórica, los fusilamientos de José León Suárez acaban de ser considerados crímenes de lesa humanidad. Esta decisión judicial no solo reivindica a las víctimas, sino que confirma la mirada de Walsh, quien ya en 1957 denunciaba la “barbarie fusiladora” del Estado. Hoy, más que nunca, Operación Masacre es un documento necesario.
Walsh pagó con su vida su compromiso con la verdad. El 25 de marzo de 1977, cuando salía a repartir su Carta Abierta a la Junta Militar, fue emboscado por un comando de la dictadura de Videla y acribillado. Su cuerpo desapareció en la ESMA. Pero su legado es inmortal. Como él mismo escribió: “Haciéndola [Operación Masacre], comprendí que, además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior”. Ese mundo exterior, que él supo retratar con una lucidez inigualable, sigue siendo el nuestro.
Crímenes de lesa humanidad
El 22 de junio de 2026, En un fallo histórico, la Justicia Federal de San Martín responsabilizó al Estado argentino por la planificación y ejecución de los fusilamientos de 1956, ordenando diferentes acciones de reparación y memoria para las víctimas.
Durante tres días, en el Auditorio Hugo del Carril, estuvo presente el Equipo de Acompañamiento “Dra Silvia Bleichmar” de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que ofreció asistencia para los familiares de las víctimas que declararon por primera vez en una instancia judicial, a 70 años de los hechos.
La noche del 9 de junio de 1956, fueron fusilados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En tanto, Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta lograron sobrevivir.
La sentencia, dictada en el marco del expediente 41.041, tuvo por acreditado que durante la madrugada del 10 de junio, en cumplimiento de órdenes impartidas por el entonces presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, y el almirante Isaac Francisco Rojas, efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de Florida.
Las doce personas que se encontraban allí fueron detenidas y trasladadas inicialmente a la comisaría de San Martín. Posteriormente, fueron llevadas a un descampado donde se perpetraron los fusilamientos. Como consecuencia de esos hechos, perdieron la vida Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo y Mario Obrión, mientras que otras siete personas lograron sobrevivir. Entre ellas se encontraba Juan Carlos Livraga, quien, a los 96 años y desde su residencia en Estados Unidos, aportó un testimonio fundamental en el denominado Juicio por la Verdad.
En la resolución dada a conocer este lunes, la magistrada encuadró los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía.
Asimismo, el fallo atribuye responsabilidades tanto a las máximas autoridades de la dictadura de entonces, encabezadas por Aramburu y Rojas, como a los funcionarios policiales que llevaron adelante el operativo, entre ellos el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno. Si bien todos los responsables se encuentran fallecidos, la sentencia estableció la responsabilidad penal que les hubiera correspondido, determinando que la sanción aplicable habría sido la de prisión perpetua.
Además de la declaración histórica, la sentencia dispone un extenso programa de medidas reparatorias para las víctimas y sus familias.
La sentencia, cuyos fundamentos completos se conocerán el 16 de julio, representa un avance significativo en la construcción de justicia. Además de contribuir al esclarecimiento y la reparación de hechos que dejaron una profunda huella en nuestra historia, reafirma que la memoria, la verdad y la justicia constituyen pilares fundamentales para la consolidación de una democracia plena.
