La Justicia declaró la caducidad de la demanda civil por la muerte de Diego Castro, el trabajador de 35 años que en 2017 fue atropellado por una conductora alcoholizada mientras trabajaba sobre la colectora de avenida Paraguay. La casta judicial en su máxima expresión nunca dejó de beneficiar a una borracha que mató a un trabajador tras una noche de descontrol y alcohol.
Se llama María Belén Méndez García Zavaleta y según el fallo judicial es responsable por la violenta muerte de Diego Castro aquel trágico 3 de junio de 2017. Esa mañana de domingo lo embistió sobre avenida Paraguay, luego de una noche que incluyó champán y sexo con el técnico del aire acondicionado, quien venía con ella al momento del impacto. De hecho en los últimos tramos del juicio –el cual fue una burla– intentó culpar al sujeto quien tras arreglarle el aire, se enfiestó con ella y terminaron matando a una persona que estaba trabajando sobre la vereda de esa fatal avenida donde ya hubo varias tragedias viales.
A pesar de que el fiscal Ramos Ossorio había pedido 3 años y 3 meses, con la clara intención de que la borracha terminara con prisión efectiva, a la querellante Gabriela Arellano no se le ocurrió mejor idea que solicitar 8 años para la imputada en ese momento. Obvio que fue una torpeza procesal ya que ajustado a la ley y con una escala penal tan leve, era imposible que le concedieran esa cantidad de años. Lo de Ramos Ossorio fue más inteligente, en el hecho de no buscar tanto el impacto de la cantidad de años de pena sino que efectivamente al menos vaya a parar con sus huesos a la unidad penal de mujeres.
Obvio que una mujer de apellidos ilustres en Salta y de cercanía con el Poder Judicial nunca iba a cumplir condena efectiva como cualquier hijo de vecino que debe pagar su deuda con la sociedad.
Como si eso fuera poco en ese momento la imputada había contratado los servicios de Rene Gómez, un abogado de larga experiencia en el foro penal y a quien por la liviandad de las leyes argentinas contra la siniestralidad vial, le constó menos que un trámite que su representada se fuera a su casa.
El tribunal fue integrado por Marcelo Rubio (Juez Presidente de trámite), Mónica Faber (Jueza Vocal) y nada más ni nada menos que Martín Pérez (Juez Vocal interino). Este último el responsable de la paupérrima etapa de instrucción del crimen de las turistas francesas.
Durante el proceso, el tribunal condenó a la conductora ebria María Belén Méndez García Zavaleta a tres años de prisión en suspenso y a una inhabilitación para conducir por 10 años, una sentencia que generó un fuerte rechazo público y pedidos de apelación por parte de la familia. No conformes con la liviandad de la “condena”, esta borracha irresponsable y asesina ni siquiera realizó los trabajos comunitarios.
Quien redacta la presente nota se tomó la molestia de concurrir a la fundación HOPE para chequera que este energúmeno cumpliera con esa burla que significó el fallo, pero personal de la citada fundación negaron enfáticamente que Méndez García Zavaleta haya aparecido por allí.
En diálogo con El Tribuno, Sol Castro, hermana de la víctima, manifestó su profunda decepción por el desenlace judicial y aseguró que la familia agotó todas las instancias posibles tanto en el fuero penal como en el civil sin obtener la reparación que esperaban. “Soy la hermana de Diego Castro. Mi hermano estaba trabajando un sábado 3 de junio de 2017 cuando sacaba un cartel de su trabajo. Vino un auto, lo chocó y lo embistió. Él estaba sobre la vereda, haciendo su trabajo”, recordó.
Según señaló, la conductora, María Belén Méndez García Zavaleta, circulaba alcoholizada, trasnochada y a alta velocidad. “Ella se sube a la platabanda y lo impacta de frente. Mi hermano estaba sobre la vereda. No estaba cruzando la calle ni haciendo algo indebido. Estaba trabajando”, sostuvo.
Para Sol, el proceso judicial estuvo marcado por privilegios hacia la condenada. “Nosotros sentimos que no hubo justicia desde un primer momento. Siempre digo que las cosas estuvieron mal. Es como que a ella se le dieron un montón de privilegios. No sé si por sus triples apellidos o por los conocidos que tenga, pero tuvo muchos más beneficios que mi hermano, que terminó falleciendo”, expresó.
Por su parte Sol recordó que una de las condiciones impuestas por la sentencia era la realización de tareas comunitarias. “Ella tenía que cumplir tareas comunitarias y no las hizo. Yo todavía vivía en Salta e iba a los lugares donde supuestamente tenía que cumplirlas. En los horarios que debía estar, no estaba. Después llegó la pandemia y tampoco las cumplió. Hoy está libre como si nada”.
También cuestionó que, pese a las pruebas incorporadas durante la investigación, nunca lograron modificar la condena.
“Nosotros llegamos hasta donde pudimos. Apelamos todo lo que estaba a nuestro alcance. Había videos, había pericias, había pruebas contundentes. Pero lamentablemente no pasó nada. Todo quedó en la nada”.
La causa civil también terminó archivada
Cuando la familia todavía intentaba encontrar alguna reparación en la Justicia civil, recibió una nueva noticia que terminó por profundizar su desilusión.
Según relató Sol, la causa sufrió numerosas demoras administrativas y cambios de representación legal.
“Fue toda una burocracia. Había que firmar papeles una y otra vez. En el medio falleció mi papá, entonces los que seguimos adelante con la causa fuimos nosotros, los hermanos”.
A ello se sumó la salida de la provincia de la abogada que representaba a la familia. “La doctora Gabriela Arellano se fue de Salta y dejó muchas causas sin avisar. La de mi hermano quedó prácticamente parada. Cuando fuimos a buscarla ya no estaba”.
En ese momento, explicó, fueron recibidos por el abogado Carlos Ovejero, quien anteriormente compartía estudio con la letrada. “Él nos explicó que había muchas causas en esa situación y nos ofreció continuar con el trámite. Nosotros aceptamos porque cuando íbamos al estudio, la doctora siempre consultaba con él los temas civiles”.
Sin embargo, ese cambio de representación implicó nuevos trámites y demoras. “Tuvimos que volver a firmar todo de nuevo para que él pudiera seguir con la causa”.
Mientras tanto, según denunció, la defensa de la conductora presentó pedidos de caducidad de instancia. “Los abogados de María Belén Méndez García Zavaleta empezaron a presentar escritos pidiendo la caducidad de los plazos. Finalmente la Justicia les dio la razón porque consideró que los términos habían vencido”. El resultado fue devastador para la familia. “Quedó todo en la nada. Otra vez le dieron la razón a ella. En lo penal sentimos que no hubo justicia y ahora tampoco en lo civil”.
“Ella está tranquila como si nada”
La indignación de Sol también alcanza al cumplimiento efectivo de la inhabilitación para conducir. “Yo sabía que tiene diez años de inhabilitación. Pero gente del barrio donde vive me llamó varias veces para decirme que la habían visto manejando”.
Aunque aclaró que nunca pudo reunir pruebas, explicó cuál fue su respuesta. “Yo les decía que necesitaba fotos o videos porque si no, no podía hacer nada. Nosotros llegamos a hacer cualquier cosa y somos los culpables, los denunciados. En cambio ella está tranquila”.
“La vida de mi hermano no valió nada”
Durante la entrevista, Sol manifestó que la mayor herida sigue siendo la sensación de desigualdad ante la Justicia. “¿Qué tiene que pasar para que la muerte de una persona tenga el mismo valor para todos? Hay muchísimos casos donde una persona común termina presa. Ella nunca estuvo detenida. Desde el primer minuto estuvo libre”. Y agregó: “Siento que fue una burla total. No entiendo por qué tantos privilegios hacia ella”.
