La Procuración General de la Provincia dispuso la creación de una unidad especializada que centralizará la intervención fiscal durante la etapa de ejecución penal. La medida busca optimizar el control del cumplimiento de las condenas, garantizar una actuación técnica especializada y consolidar el nuevo modelo procesal acusatorio.
Evidentemente tras la nefasta experiencia en el norte provincial con el festín de prisiones domiciliarias a cargo del juez Claudio Parisi, entre otros casos alarmantes, es que la Procuración General implementará esta modalidad. Por citar solo un hecho aparece el caso “Pereyra”, en el que una mujer condenada por traficar estupefacientes, mientras cumplía pena en su domicilio, al volver a ser imputada por un nuevo hecho de la misma actividad ilícita, fue beneficiada por entonces por el ahora exjuez Parisi con la continuidad de su “prisión” domiciliaria, sin custodia policial alguna ni método de monitoreo electrónico de sus movimientos.
Otro caso nefasto fue el de Cesar “Oreja” Martínez, quien fue asesinado a plena luz del día por sicarios mientras cumplía una de estas beneficiosas “domiciliarias” con las que Parisi le facilitó el hecho de no estar en la cárcel y que paradójicamente fue su condena a muerte.
Cabe recordar que García Castiella denunció el grosero actuar de Parisi en el caso del sicariato que acabo con la vida del mencionado “Oreja” Martínez, hermano del Intendente Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, a quien le concedió el arresto domiciliario a pesar de estar acusado por tentativa de femicidio y contar en ese momento con dos resoluciones de prisión preventiva en su contra, dictadas por el propio Parisi: una en una causa por violencia de género en perjuicio de la misma víctima y otra por venta de drogas.
Control de ejecución de penas
En el marco del proceso de modernización institucional impulsado por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal de Salta, la Procuración General dispuso la creación de la Unidad de Ejecución Penal y Control de Condena, un organismo especializado que tendrá a su cargo la intervención del Ministerio Público Fiscal en todas las cuestiones vinculadas con la ejecución de las sentencias penales.
El funcionamiento estará a cargo del fiscal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, quien contará con un equipo de trabajo.
La decisión responde a la necesidad de fortalecer una etapa del proceso judicial que presenta creciente complejidad y demanda una actuación permanente, especializada y coordinada. La nueva unidad permitirá concentrar la labor de los fiscales en el seguimiento del cumplimiento efectivo de las condenas, el control de las reglas de conducta impuestas por los tribunales y la intervención en los distintos incidentes que puedan surgir durante la ejecución de la pena.
Con esta medida, la Procuración General procura dotar al Ministerio Público Fiscal de una estructura específica que brinde mayor eficiencia, uniformidad y calidad técnica en una instancia clave del proceso penal, asegurando que las decisiones judiciales se ejecuten conforme a la ley y bajo un adecuado control jurisdiccional.
Entre sus funciones, la Unidad intervendrá en los pedidos de libertad condicional, salidas transitorias, prisión domiciliaria, unificación de condenas, revocación de beneficios, cómputos de pena, cumplimiento de reglas de conducta y demás incidencias relacionadas con la ejecución penal. Asimismo, realizará el seguimiento de las penas de ejecución condicional y de las medidas alternativas, articulando acciones con los distintos organismos competentes.
Se destacó que esta nueva estructura representa un paso más en el fortalecimiento institucional del Ministerio Público Fiscal y reafirma el compromiso de brindar una respuesta más eficaz, profesional y transparente en todas las etapas del proceso penal, garantizando el debido control del cumplimiento de las condenas y la protección de los intereses de la sociedad.
