La Unidad de Delitos Económicos Complejos formalizó la acusación contra el exdirector de la Panadería Social y podría ser detenido en las próximas horas, reactivando las sospechas sobre el manejo financiero de la capital provincial durante el mandato de la exintendenta Bettina Romero.
La investigación penal se originó el 24 de mayo de 2024, a partir de una denuncia formal que radicó el Procurador General de la Municipalidad de Salta, Dr. Matias Risso, tras auditar los balances de la empresa estatal. Desde ese momento, las autoridades judiciales recopilaron documentación interna, actas de directorio, registros de proveedores y análisis contables que permitieron consolidar la sospecha sobre las maniobras de defraudación.
Con la elevación de la acusación formal, la causa reactivó la discusión pública respecto a la falta de mecanismos de control internos eficientes en los entes descentralizados de la comuna durante la gestión pasada. A partir de esta instancia procesal, los tribunales salteños deberán definir los plazos para el avance del expediente y evaluar las responsabilidades penales definitivas de los involucrados.
Por su parte la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio presentó el requerimiento formal contra Luis Emilio Fayón Medina, quien presidió la Sociedad del Estado “Pan Solidario” entre abril de 2021 y enero de 2024. Los peritajes contables incorporados al expediente estiman que las maniobras fraudulentas y el desvío de recursos provocaron un perjuicio económico al erario público que, a valores actualizados, supera los 150 millones de pesos. Por este motivo, el exfuncionario quedó imputado como presunto autor del delito de fraude a la administración pública.
De acuerdo con la acusación, Roxana González Domínguez y Josefina González Domínguez se habrían incorporado como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro.
Las contrataciones efectuadas con Roxana González Domínguez alcanzaron un monto de $48.833.755,34, mientras que las realizadas con Josefina González Domínguez ascendieron a $7.739.180, conforme surge de la documentación contable incorporada al expediente.
La Fiscalía sostiene que parte de los insumos facturados no habrían sido efectivamente ingresados al organismo ni fueron registrados en stock, generando un importante perjuicio económico. El informe contable del Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados.
Asimismo, se verificaron diferencias significativas entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. Entre ellos se menciona la adquisición de margarina premium de 10 kilogramos a valores considerablemente superiores a los habituales, con un perjuicio estimado en más de 3,3 millones de pesos.
También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción de la panadería, sin que el excedente se encontrara debidamente registrado ni en stock. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche, valuados en millones de pesos.
Según la hipótesis fiscal, Fayón Medina autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, mientras que las proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Para la Fiscalía, el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración inherentes al cargo.
Tras la presentación de la acusación, de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, la Oficina Judicial deberá sortear al juez que intervendrá en el control de la acusación, dar intervención a las partes y convocar a la audiencia correspondiente, donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.
