La presentación fue realizada por el abogado Rodrigo Anachuri, quien sostiene que la concejal no habría suspendido su matrícula profesional pese a las incompatibilidades legales del cargo y que incluso mantendría expedientes activos en trámite.
La concejal Camila Jorge quedó en el centro de una nueva controversia luego de que se presentara una denuncia ante el Tribunal de Ética por una presunta incompatibilidad entre su función pública y el ejercicio activo de la abogacía. La presentación fue impulsada por el abogado Rodrigo Anachuri, quien cuestionó que la edil continúe con matrícula vigente y, según afirmó, interviniendo en causas judiciales pese a las restricciones que impone el régimen legal aplicable.
De acuerdo con lo expuesto por el denunciante, la situación no sería meramente formal. Según indicó, la matrícula de Camila Jorge no estaría suspendida y además existirían expedientes en trámite donde seguiría actuando como abogada, entre ellos una causa radicada en el Juzgado de Familia N° 5. También advirtió que podría haber otros procesos en los que esté interviniendo profesionalmente, lo que, a su entender, configura una incompatibilidad clara.
La presentación busca que el Tribunal de Ética tome intervención y evalúe la eventual aplicación de sanciones. Entre las medidas previstas dentro del régimen disciplinario figuran multas y hasta la suspensión de la matrícula por un plazo de hasta tres años, en caso de comprobarse la infracción.
Anachuri aclaró que su actuación no responde a una persecución personal ni a una actitud inquisidora contra colegas. Por el contrario, sostuvo que el régimen de incompatibilidades tiene una razón de ser muy concreta: evitar arbitrariedades y situaciones de competencia desleal. Según explicó, el problema radica en que una funcionaria que conserva su actividad profesional puede proyectar, frente a potenciales clientes, una influencia derivada del cargo que ocupa, generando una ventaja indebida sobre otros abogados.
Esa, precisamente, sería una de las preocupaciones centrales del planteo. No solo se discute el cumplimiento estricto de la ley, sino también el impacto institucional y ético de que una funcionaria pública continúe litigando mientras reviste una función que podría interferir en el ejercicio profesional. Para el denunciante, la normativa no está puesta para castigar, sino para preservar reglas claras y evitar privilegios encubiertos.
Por ahora, no existe un plazo fijo para la resolución del caso, pero sí debería abrirse el proceso correspondiente dentro del Tribunal de Ética. Eso implica que la cuestión recién empieza y que la denuncia podría avanzar formalmente en las próximas semanas.
La pregunta que ahora comienza a circular en el ámbito político es si esta situación quedará limitada al plano ético-profesional o si también podría tener derivaciones dentro del Concejo Deliberante. Según dejó trascender Anachuri, ese análisis todavía no está cerrado, aunque remarcó que el primer ámbito natural de intervención es el Tribunal de Ética, que deberá determinar si hubo o no una violación al régimen de incompatibilidades.
