Investigan posibles irregularidades en la realización del polémico evento en un área protegida. Fiscalías investigan un permiso presuntamente falso y una posible infracción por la realización del evento. La situación se agravó cuando la Municipalidad de Cafayate denunció que la actividad no tenía los permisos requeridos.
Como sucede la mayoría de las veces, las ansias de ostentación pudieron más que el sentido común. Cometer los ilícitos para luego grabarlos y mostrarlos en redes se ha vuelto una práctica tan estúpida como incompresible, lo que lleva a protagonizar el ansiado titular: “Un casamiento que se volvió viral”.
El problema es que la irreverencia solo dura un breve espacio de tiempo hasta que se desata la polémica y la intervención del gobierno de Salta aparece denunciando la falsificación del documento que supuestamente autorizó la realización del evento en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida ubicada en la región de Cafayate.
Resulta que el escándalo comenzó cuando circularon las imágenes del predio intervenido para la celebración. Las fotos, compartidas por la pareja, los “tortolos” Nicole Pocoví y Federico Maran en Instagram, mostraron la boda en un espacio que, según la Municipalidad de Cafayate, no contaba con los permisos correspondientes.
Así las cosas la Fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, inició una investigación ante la sospecha de un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido para la realización del susodicho evento privado en un área protegida y cuya autenticidad se encuentra en duda.
La causa se originó a partir de la denuncia radicada tras la circulación de un documento que, según las autoridades competentes, no habría sido emitido por el organismo ambiental correspondiente, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
En forma paralela, la Unidad Fiscal Contravencional impartió directivas en lo referido a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida, en el marco de la normativa vigente para actividades en áreas protegidas.
Ambas intervenciones avanzan de manera coordinada con el objetivo de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental.
El bochornoso episodio llegó a la prensa nacional. Según consigna CLARIN, La denuncia apunta directamente contra Lucía Grajales Soriano, quien en redes sociales dijo ser la propietaria de una vivienda en el lugar y aseguró que el evento fue una boda familiar. La Secretaría de Ambiente, a cargo de Alejandro Andazábal, la acusó por la “presunta adulteración” de la firma del funcionario en la documentación presentada como aval.
“No autoricé nada, ese documento es falso. Actuaremos hasta las últimas consecuencias”, afirmó Andazábal en declaraciones a medios salteños.
Chetos en problemas
La situación se agravó cuando la Municipalidad de Cafayate denunció que la actividad no tenía los permisos requeridos. “Se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas específicas para su preservación”, advirtió el municipio en un comunicado.
El Gobierno provincial recordó que las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Estas normas exigen que cualquier “intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”.
Además, remarcaron que las autorizaciones “solo tienen validez si son emitidas a través de los canales administrativos oficiales y cuentan con respaldo técnico y jurídico”. La Secretaría de Ambiente enfatizó que no emite “permisos mediante documentos informales ni mediante firmas insertas en imágenes o piezas no oficiales”.
