Debido a las filtraciones y distorsionadas declaraciones del padre de una de las victimas del doble crimen de las ciudadanas francesas en 2011, es que la fiscalía interviniente debió salir a aclarar que, “a los fines de hacer efectivos los derechos que le asisten como víctima”, se debe “aclarar que el señor Bouvier no ha solicitado ni instado que se cite a prestar declaración a personas que ejercieron jefaturas de Estado, tanto en la República Argentina como en la República de Francia, a la fecha en que ocurrieron los hechos”.
El regreso de Jean M. Bouvier a Salta ha dejado una vez más en evidencia que la falta de seriedad en este caso es una constante desde aquel trágico invierno de 2011, cuando aparecieron en la quebrada de San Lorenzo los cuerpos ultrajados de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, hasta el día que declaró Bouvier ante la nueva unidad fiscal.
Para iniciar una sucesión de eventos desafortunados se enumeran los papelones desde el inicio de la instrucción con un juez Martin Pérez que hizo todo mal y ante la presión política echó a perder toda la investigación; resultando increíble que aún no se lo haya citado para que dé explicaciones a la Justicia del porqué de haber “empiojado” así una causa de la magnitud que tuvo esta, cuando contaba con todos los elementos para resolverla con celeridad.
Lo que siguió después fue una catastrófica seguidilla de bochornosos capítulos judiciales y policiales que socavaron la credibilidad del Poder Judicial al grado de que todo lo que resuelve la Justicia hoy por hoy, es motivo de dudas y controversias, haciendo que cada fallo sea blanco de un escepticismo perpetuo.
Llevaron a dos perejiles a juicio y a uno lo tuvieron 10 años en la cárcel para después mandarlo a la casa con palmada en la espalda. Pero hasta eso le arruinaron la vida, tanto a Daniel Vilte como a Santos Clemente Vera, y a quejarse a Magoya, ya que estos hijos de la chingada dictaminaron todo “por la duda” y de esa forma se sacaron la obligación de tener que pagar un resarcimiento económico que debería al menos servirles para vivir el resto de sus vidas sin trabajar.
Se sabe que la condena social es inapelable para cualquiera de estos desafortunados que cayeron en el radar de estos desalmados. Después vendría la resolución de los jueces Rubén Arias Nallar y Luciano Martini, los que participaron de aquella infamia donde mandaron a Vera a la cárcel sin ni siquiera leerles el nuevo fallo en persona. De hecho a estos dos últimos ni siquiera los quisieron someter a un jury de enjuiciamiento.
En el medio, unos 15 elementos de la Brigada torturando a los imputados, más la misteriosa muerte del comisario Néstor Piccolo, por lo que Bouvier solicitó que se profundice en ese aspecto a la nueva unidad fiscal.
Mientras tanto ahí anda el flamante ahora abogado Walter Mamani por tribunales, como si nada hubiera pasado después de plantar las balas en la escena del hallazgo de las víctimas, siendo que Piccolo había pasado por allí en día anterior con un detector de metales de Gendarmería y no había encontrado nada. Alguien deberá explicar todos estos desaguisados algún día y más vale que sea pronto.
Y como para completar la desidia aparece El Tribuno publicando algo que a los dos días Bouvier negó de cuajo.
El comunicado de la nueva unidad fiscal
La Unidad Fiscal Especial, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, que interviene en la investigación del homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, aclara que, a los fines de hacer efectivos los derechos que le asisten como víctima y de conformidad con lo establecido por los arts. 98 y 99 del Código Procesal Penal, el señor Jean M. Bouvier fue citado y se le recepcionó declaración testimonial durante los días 9 y 10 de marzo de 2026, acompañado en ese acto por personal de la Embajada de Francia.
En su compromiso inquebrantable con la continuidad de las investigaciones y su predisposición a aportar y colaborar con tal fin, el señor Jean Michel Bouvier ha decidido, al menos por el momento, mantener reserva y no realizar declaraciones a los medios de prensa sobre el contenido de lo expuesto ante los fiscales, decisión que será acompañada y, desde luego, respetada por el Ministerio Público Fiscal, especialmente al tratarse de una víctima de tan aberrante hecho criminal y considerando el amplio marco normativo vigente de protección a las víctimas y de salvaguarda de sus derechos ante las instancias judiciales.
La Unidad Fiscal desea aclarar que el señor Bouvier no ha solicitado ni instado que se cite a prestar declaración a personas que ejercieron jefaturas de Estado, tanto en la República Argentina como en la República de Francia, a la fecha en que ocurrieron los hechos.
