La denuncia es gravísima ya que incluye no solo feroces golpizas sino hostigamiento. Ante la gravedad de los hechos, se dictaron medidas de protección urgentes, incluyendo la prohibición de acercamiento y el corte de cualquier contacto para frenar las acciones del concejal
El millonario presidente del Concejo deliberante de Salta, el porteño Darío Madile, debería considerar como obligatorio el exigir a sus empleados –sobre todo a los concejales electos– que se sometan a un test psicológico y psiquiátrico. El caso de Pablo López es emblemático, ya que la denuncia por violencia de género se dio en un contexto laboral con su pareja y por los tiempos de la justicia el concejal tras ser expulsado pudo regresar al recinto, hasta que la justicia se expida pasaran un par de años más, incluso hasta que el ex libertario cumpla con su mandato.
Según informó Nuevo Diario Salta, el espacio de La Libertad Avanza sumó otra gravísima denuncia penal, esta vez contra el concejal Maximiliano Casasola por lesiones agravadas. El candidato, que fue presentado en campaña por la senadora Emilia Orozco ahora es investigado por la Fiscalía tras un vínculo de diez años marcado por los malos tratos. La denuncia detalla un ataque que obligó a la mujer a abandonar su propio hogar por el miedo que sentía.
El expediente judicial que sacó a la luz el medio salteño describe un asfixiante patrón de acoso y persecución por parte del funcionario. Según la presentación, Casasola se presentaba de sorpresa en la casa de su expareja y le enviaba mensajes para avisarle que estaba afuera vigilándola, demostrando la conducta de un hostigador que utiliza el miedo para controlar. Ante la gravedad de los hechos, se dictaron medidas de protección urgentes, incluyendo la prohibición de acercamiento y el corte de cualquier contacto para frenar las acciones del concejal.
Este nuevo caso de agresiones físicas golpea la imagen del bloque libertario en Salta, que ya cuenta con el antecedente de Pablo Emanuel López, imputado por cargos similares. Mientras la justicia avanza con las pruebas, el pedido de la sociedad es uno solo: no puede haber lugar para personas denunciadas en bancas públicas que exigen integridad y respeto por la ley.
