Lo dijo el Dr. Juan Casabella Davalos, representante institucional de la Caja de Seguridad Social Para Abogados habló en exclusivo con MUY CRÍTICO días después de que se conociera la exigua sentencia con el responsable de llevarse casi medio millón de dólares, sistemáticamente tras años de saqueos a la mencionada Caja. El querellante brindó detalles de lo que fue un increíble y sostenido saqueo que se perpetró en el tiempo. Las críticas a la fiscalía y los detalles de un accionar plagado de impunidad
¿Cómo fue el juicio y la condena al cajero que resultó culpable en la defraudación de la que se le acusó?
Hubo una querella paralela porque estos incidentes se dieron en el contexto de una gestión saliente de autoridades y había un grupo muy numerosos de afiliados muy disconformes de cómo se estaban llevando las averiguaciones y además con lógicas sospechas y desconfianza, se constituyeron también como querellantes por el solo hecho de ser afiliados y no en representación de la Caja.
El Ministerio Publico Fiscal, en ese entonces representado por Ramos Ossorio, le denegó participación pero en instancias en que el Juzgado de Garantías se las aceptó. Así que eran dos querellas de abogados.
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En este caso que finalmente llegamos a juicio después de tanto peregrinar se termina demostrando que efectivamente el cajero a lo largo de 10 años se llevó, bajo distintas modalidades 15 millones de pesos. La condena sale por 23 millones que a valores históricos con unos intereses que se computan. Todo el resto debe computarse con intereses, actualizados año a año, porque las defraudaciones datan desde el 2011, es decir que a los valores inflacionarios no nos dan una significación de lo que realmente fueron estas estafas y defraudaciones.
Actualizando año a año los montos defraudados equivalen a más de 400 mil dólares. Es decir que robaba con un promedio de 40 mil dólares anuales, en esta operatoria. Eso es para que la gente tenga una idea de lo que estamos evaluando. Sin embargo la condena terminó siendo casi “una palmada en el hombro” para que se vaya a la casa con una ejecución condicional.
La fiscalía actuó de forma irregular, que ya voy a explicar, pero hay un solo punto en el que coincidimos con la fiscalía, en que la prisión debería ser efectiva. La fiscalía pidió 4 años y nosotros los querellantes pedimos 5 años de ejecución efectiva.
Sin embargo la Cámara fue muy condescendiente y le dio 3 años en ejecución condicional en un país donde la defraudación –y en este caso– donde se trata de fondos públicos de un sistema previsional que si bien es de gestión privada, se trata de fondos públicos y el saqueo a fondos públicos en este país es casi condecorado.
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¿Cómo sigue esto?
Por supuesto que vamos a esperar los fundamentos que los jueces tienen 7 días, ahí evaluaremos y por supuesto nuestra intención es recusar.
¿Entonces me dice que son 400 mil dólares?
Y más, eso es un cálculo sobre el mínimo.
¿Con esos más de 400 mil dólares se fue a su casa y una tobillera me imagino?
Que tobillera… con una palmada en el hombro. Lo que nos queda es interponer un recurso de casación para pedir que se revierta esta situación.
Para que suceda una cosa como esta tiene que haber habido personas que miraron para otro lado ¿hay responsabilidades que le toquen a alguien más?
Durante el juicio quedó bastante claro que fue tan grotesca la falta de control. El hombre empezó antes de 2011 anulando recibos de la caja diaria y quedándose con la plata y cuando rendía la caja día a día, había unos contadores y una gerente encargada de recibirle esas rendiciones por comprobantes para el control y nadie le pidió los comprobantes anulados durante años.
Esto no podría suceder si no fuera por una grotesca falta de control que ya genera una sospecha de complicidad. Para que tengan una idea, el defensor del cajero López cuando alegó pidió que la condena pecuniaria se reduzca a la mitad y se aplique como culpa concurrente con los encargados del control de las cajas diarias. Es un absurdo porque estos delitos se han cometido gracias a la falta de control de los otros, entonces pedía que la reparación esté a cargo de los dos.
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Es un absurdo porque se trata de un delito doloso y él como participe debe responder por el 100%, independientemente de que hayan otros responsables. Esto es la muestra de lo grotesco que fue la falta de control para que se posibilitaran este tipo de defraudaciones.
Ahora bien, pese a ello en la fiscalía empezaron a mirar desde otro lado desde el principio. Ya la fiscalía número 2 de Ramos Ossorio que inició la investigación se oponía a que intervengan otros abogados como querellantes. Tuvo que intervenir el juez de Garantías para habilitar la intervención de los otros abogados, podemos decir, disidentes de la gestión en la que saltó toda esta defraudación.
Por otro lado el Ramos Ossorio terminó pasándole la responsabilidad a la otra fiscal de delitos económicos complejos, cosa que no era descabellado porque era una fiscalía especializada en ese tipo de delitos.
Una vez recibidas las actuaciones la Dra. Salinas Odorisio, que es la titular de esa fiscalía, se negó y sostuvo que la competencia le correspondía a Ramos Ossorio, motivo por el cual y ante la presión de los abogados fue a definirse la situación al procurador general Pedro García Castiella, quien emitió una resolución en quien dice expresamente que atento las características de esta situación, la trascendencia publica y entre los abogados dispuso que el MPF fuera representado por los dos fiscales en conjunto.
Sin embargo eso nunca ocurrió, la fiscal actuó sola, la de delitos económicos hace un requerimiento sin cumplir la resolución del procurador. Ya de por si es una muestra de la chabacanería con la que se actuó.



