El desempeño durante la investigación y el juicio fue clave para sostener las acusaciones y asegurar un fallo ejemplar.
Mediante la Resolución Nº 1671, el procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, resolvió reconocer la labor desarrollada por los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, integrantes de la Unidad Fiscal que condujo la investigación y el proceso judicial que culminó con la condena de los 17 imputados, entre ellos funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares de alojados en la Unidad Carcelaria 1, a penas de entre 1 y 10 años y 6 meses. A lo largo de las audiencias —que se extendieron desde el 4 de agosto hasta el 15 de octubre de 2025—, la Unidad Fiscal presentó pruebas contundentes que permitieron sostener las acusaciones y garantizar un fallo ejemplar, marcando un hito histórico en la lucha contra la corrupción y los abusos dentro del sistema penitenciario.
Cabe reconocer la actuación profesional de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, cuya dirección y compromiso técnico fueron decisivos para avanzar en la investigación en un contexto de alta complejidad institucional, superando obstáculos operativos y estructurales, y garantizando un enfoque interdisciplinario con pleno respeto a los derechos humanos. De igual trascendencia fue el reconocimiento a los fiscales Gustavo Torres Rubel y Santiago Lopez Soto, quienes con la misma dedicación, valentía y rigor profesional, contribuyeron al desarrollo de la causa y al logro de un resultado judicial de enorme relevancia institucional y estratégica, como condición necesaria para el control del funcionamiento de los penales.
Se destacó también el trabajo de los equipos intervinientes —en particular, la Unidad de Investigación UDEC y UFINAR, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), a cargo de los Comisarios Juan Pablo Sánchez y Ariel Barrera— fue determinante para el éxito de la investigación, aplicando modernas técnicas de investigación criminal y manteniendo un enfoque interdisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos.
Además, se reconoce la dedicación y el compromiso de los integrantes de la Unidad de Investigación UDEC, cuya labor constante, rigurosa y basada en evidencia permitió sostener las acusaciones durante todo el proceso judicial, así como el trabajo de la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni y el sumariante Walter Inda, quienes acompañaron con profesionalismo y vocación el desarrollo de la causa.
Asimiso, se resaltó el trabajo desarrollado por la Coordinación de Prensa Institucional del Ministerio Público Fiscal, cuya cobertura del juicio durante más de dos meses contribuyó a la transparencia institucional y a la comunicación pública de los actos de justicia.
Finalmente, el Procurador General subrayo que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Sala VII representa un avance significativo dentro de la planificación estratégica del Ministerio Publico Fiscal y la lucha contra el crimen organizado. Según indicó, las experiencias actuales en otros centros urbanos, donde confluyen el crimen organizado, el Estado y la sociedad, anticipan y señalan el desafío de un nuevo escenario de atención en el interior de los penales, que puede convertirse en un germen de crecimiento para las organizaciones delictivas.
