La condena fue a tres años de prisión condicional por administración fraudulenta con la modalidad de delito continuado. Deberá cumplir una serie de reglas de conducta. Hubo críticas por parte del abogado querellante. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
El acusado (63) prestó servicios como cajero de la institución desde febrero de 2005. La causa se originó tras la denuncia presentada por las autoridades de la Caja de Abogados sobre irregularidades en el cobro de expedientes.
En julio de 2023, personal del área contable detectó que el acusado – quien tenía el rol de recaudar los pagos por los servicios prestados por la Caja de Abogados- procedió a la emisión y anulación de recibos generando un desvío de fondos. El imputado habría ejecutado la maniobra fraudulenta entre enero de 2012 y junio de 2023 (periodo auditado).
El tribunal colegiado estuvo integrado por los jueces Pablo Farah (presidente), Paola Marocco y Eduardo Sángari (vocales). Por el Ministerio Público intervino la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.
En su fallo, los jueces hicieron lugar parcialmente a la demanda civil instaurada, en consecuencia, el acusado deberá abonar una suma de dinero en concepto de indemnización.
Las críticas de Casabella Dávalos
“El imputado fue condenado, pero lo mandaron a la casa. Nosotros habíamos pedido cinco años de prisión efectiva, y la fiscalía cuatro. Sin embargo, los jueces decidieron una pena en ejecución condicional”, explicó por Aries Casabella Dávalos.
Según el abogado, durante el juicio se comprobó que el acusado defraudó a la Caja durante más de diez años, utilizando tres mecanismos distintos: anulaciones de recibos, sustracción de cuotas de planes de pago y manipulación del sistema contable. “Fue un esquema de estafa sostenido en el tiempo, con graves falencias de control interno”, afirmó.
El representante legal de la Caja remarcó que incluso la defensa del imputado pidió que se redujera la condena alegando ‘culpa concurrente’ de las autoridades, por no haber detectado las irregularidades. “Es insólito —dijo—, porque durante más de una década nadie revisó las cajas diarias, ni el área contable ni la gerencia detectaron los desvíos”.
Casabella Dávalos también apuntó contra la fiscalía por no haber investigado posibles complicidades internas y anticipó que podría presentar una denuncia contra la fiscal Salinas Odorisio. “La fiscalía fue complaciente, incluso llegó a pedirle disculpas al imputado. No quiso avanzar sobre las comunicaciones con empleados ni con la empresa que manejaba el sistema contable”, sostuvo.
El perjuicio total estimado asciende a unos 15 millones de pesos en valores históricos, lo que equivale a unos 400 mil dólares actuales, señaló el abogado. “Estamos hablando de fondos públicos administrados privadamente. Este tipo de hechos no pueden quedar invisibilizados”, enfatizó.
Finalmente, Casabella Dávalos confirmó que esperarán los fundamentos del fallo —que deben conocerse en los próximos siete días— para apelar la sentencia. “Coincidimos con la fiscalía en que correspondía una condena efectiva. No podemos aceptar que un fraude de diez años termine sin cárcel”, concluyó.
