La decisión fue del juez Adrián González Charvay, quien señaló que los argumentos de la decisión presidencial son “arbitrarios”. El magistrado hizo lugar a un recurso de amparo presentado por una familia con dos niños con discapacidad. La medida regirá sólo para el caso en cuestión. Foto: Clarín
El juez Federal de Primera Instancia de Campana, Adrián González Charvay, declaró la invalidez del veto del presidente Javier Milei a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad que, entre otras cosas, proponía regularizar pagos a prestadores de servicios y actualizar los aranceles del sector.
Un informe de Clarín, consigna que la decisión judicial fue en respuesta a una acción promovida por los padres de dos niños de 11 años, que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. En la presentación solicitaron que se declare la nulidad por inconstitucionalidad y pidieron que se le ordene al Ejecutivo la promulgación de la norma en cuestión.
En el fallo, el magistrado puso el foco en que “los argumentos del veto resultan arbitrarios y aparentes, en abierta contradicción con las obligaciones constitucionales e internacionales vigentes”.
En el mismo sentido, mencionó que “el desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas pone en riesgo la continuidad de tratamientos indispensables, generando retrocesos en el desarrollo integral de los niños con discapacidad, vulnerando principios de igualdad, no discriminación y progresividad”.
“Reafirmando que el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias, y que el Estado Argentino está obligado a cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que garantizan la protección integral de los grupos más vulnerables y la obligación de no regresividad establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, corresponde declarar la invalidez del Decreto 534/2025”, indica el fallo al que accedió Clarín.
En la presentación que hicieron ante la justicia, la familia de los pequeños, que tienen el mismo diagnóstico de “trastornos generalizados del desarrollo y trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares” sostuvo que el decreto de veto cuestionado pone “en riesgo la continuidad de los tratamientos, prestaciones y servicios que ellos reciben”.
En ese sentido, remarcaron que la incertidumbre generada a raíz de la decisión del Ejecutivo “incrementó significativamente los padecimientos por el riesgo de discontinuidad de los tratamientos que reciben y la falta de certeza acerca de la continuidad de funcionamiento del Sistema de Prestaciones Básicas”.
