El pedido obedece a que, desde la UFEM consideran que las expresiones formuladas por la Magistrada durante la audiencia multipropósito celebrada para tratar la prórroga de la medida de coerción, podrían ser interpretadas como un prejuzgamiento. Mercedes Jiménez Kvedaras fue asesinada el 4 de agosto de 2023 en el coqueto barrio privado El Tipal. Está imputado su pareja, José Eduardo Figueroa, como autor material del hecho.
A casi dos años de sucedido el violento hecho en el interior del elitista barrio cerrado El Tipal, el caso pasó por varias dilaciones hasta que por fin la Sala IV del Tribunal del Juicio de Salta, sería la elegida para juzgar al imputado, quien permanece detenido en la Unidad Penal de Villa las Rosas. Pero se conoció una novedad que podría dilatar aún más la fecha de juicio: la “Dama de hierro” de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, presentó un planteo de recusación contra una de las integrantes del Tribunal designado para llevar adelante el juicio oral previsto para abril de 2026.
No es una jueza cualquiera. Se trata nada más ni nada menos que de Norma Beatriz Vera, una de las magistradas más respetadas en tribunales. La magistrada tiene entre sus antecedentes el haber condenado al ex policía Mario Federico Condori, en 2019 a 23 años de prisión por haber asesinado a Cintia Fernández, la joven que en mayo de 2011 fue encontrada asfixiada y golpeada en su departamento de la zona sur de la ciudad de Salta. Aquel caso se tiñó de complicidad policial pero a Vera no le tembló el pulso y mandó a la sombra al ex oficial de la policía tras un juicio emblemático en Salta.
Luego de la audiencia en la que se resolvió la prórroga de la prisión preventiva del acusado del homicidio doblemente calificado de su esposa, José Eduardo Figueroa, surgió el sorpresivo pedido, el cual “está dirigido a la Vocal 3 de la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, en virtud de las expresiones formuladas por la Magistrada durante la audiencia multipropósito celebrada para tratar la prórroga de la medida de coerción, que, a criterio de la Fiscal, podrían ser interpretadas como un prejuzgamiento”, según un comunicado de la Fiscalía.
Sodero Calvet fundó su planteo señalando que una sentencia válida requiere de un tribunal imparcial, abierto a considerar todas las hipótesis planteadas por las partes, sin adoptar ninguna de ellas como cierta o altamente probable antes de que se haya producido la prueba en debate, salvo en caso de estipulaciones probatorias, lo cual no ocurrió en esta causa.
Al referirse concretamente a las manifestaciones de la Jueza durante la audiencia, la Representante del Ministerio Público Fiscal advirtió la posibilidad concreta de un prejuzgamiento, al haberse formulado afirmaciones categóricas sobre los hechos y su eventual encuadre jurídico antes de iniciar el debate y sin haberse producido ni valorado la prueba. Esta situación, sostuvo, viola el principio de imparcialidad y debilita la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal.
Asimismo, la Fiscal destacó que, aun cuando la postura evidenciada por la Jueza pudiera interpretarse como favorable a la acusación, ello no exime al Ministerio Público Fiscal de su deber institucional de velar por la legalidad del proceso. En esta línea, advirtió que un prejuzgamiento público y evidente podría poner en riesgo la validez del juicio o de la eventual sentencia, ante un posible planteo de nulidad.
Finalmente, Sodero Calvet subrayó que el planteo recusatorio responde únicamente al interés de garantizar un juicio justo, respetuoso de la legalidad y con un resultado inquebrantable para las partes, especialmente para los hijos y la familia de la víctima.
