Durante el juicio que se está llevando a cabo contra los 20 funcionarios de la Unidad Penal de Villa las Rosas saltó el nombre de Lautaro Teruel, quien se encuentra cumpliendo 12 años de condena por abuso sexual, de los cuales ya lleva cumpliendo la mitad de su condena. En un tramo de la segunda audiencia según vinculaciones delictivas del imputado Francisco Arturo Bisceglia, se mencionó un “beneficio” hacia la persona del hijo del cantante de Los Nocheros
En la sala de Grandes Juicios se lleva adelante un importante debate oral y público en el cual están imputados 20 funcionarios penitenciarios. Se ha conformado una unidad fiscal especial en la cual participa el mismo procurador García Castiella. El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.
Llamó la atención un dato en particular por la trascendencia pública que tomó en su momento el juicio contra el hijo del conocido artista Mario Teruel, el condenado Lautaro Teruel, quien cursa una condena por abuso sexual.
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Con relación a la estructura de la organización, un testigo identificó a Baldomero Darío Córdoba –uno de los imputados– como el nexo externo en el circuito delictivo, encargado de canalizar el dinero hacia los funcionarios penitenciarios.
Ejemplificó este mecanismo con el caso del interno Lautaro Teruel, quien habría sido beneficiado con traslados y un régimen de detención más favorable gracias a gestiones realizadas por Francisco Arturo Bisceglia y el mencionado Baldomero Darío Córdoba.
Detalló que Teruel fue trasladado al pabellón F —destinado a exfuncionarios de fuerzas de seguridad— tras el pago de sumas de dinero que, según afirmó, Córdoba se encargaba de distribuir entre los funcionarios involucrados. Indicó que si bien se intentaba que esas operaciones fueran en efectivo para evitar trazabilidad, una de las transacciones quedó documentada: una transferencia de $100.000 realizada por Córdoba a una cuenta bancaria a nombre de la esposa de Bisceglia. Este movimiento, señaló, fue acreditado por el análisis forense de dispositivos electrónicos.
Finalmente, Sánchez sostuvo que se logró establecer una trazabilidad financiera que incluía más de 113 cuentas bancarias vinculadas a 17 de los imputados, utilizadas para transferencias de dinero entre internos, familiares y funcionarios, consolidando así un circuito de financiamiento que sostenía el funcionamiento de la organización ilícita dentro del penal.
