Luego de veinte jornadas de debate y la comparecencia de alrededor de cien testigos se conoció hoy la pena solicitada para Nelson Leonardo Cositorto, líder de Fundación Zoe, y para los cuatro miembros de la sede que funcionaba en Salta. Todos están acusados por estafas en la modalidad de delitos continuados (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real. En sus alegatos, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó para el principal imputado – señalado como jefe organizador- una condena de 14 años de prisión efectiva.
Para el resto de los imputados, por su calidad de miembros de la asociación ilícita y autores de estafas continuadas, la fiscalía solicitó: 8 años de prisión efectiva para Ricardo Isaac Vilardel; 6 años de prisión efectiva para Jorge Federico Vilardel; 4 años de prisión efectiva para Ana de los Ángeles Vilardel; 3 años y 6 meses de prisión efectiva para Vilma Griselda Albornoz.
Pidió al tribunal que, en caso de aplicarse estas penas, se mantenga la prisión preventiva de los cinco imputados hasta tanto quede firme la sentencia. Además, solicitó que se investigue a un testigo por la posible comisión del delito de falso testimonio.
El tribunal está integrado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales). En la dinámica de la audiencia se previó que los alegatos continúen esta tarde. El veredicto se daría a conocer el viernes.
En su exposición de hoy, la fiscal Salinas Odorisio remarcó que si bien la criptomoneda Zoe Cash existía, jamás alcanzó el valor que Cositorto promocionaba ni estuvo respaldada en oro o litio. Aclaró que el acusado nunca adquirió una mina de oro porque la normativa nacional no permite a un particular explotar este tipo de yacimiento. Manifestó que estas falacias le servían a Cositorto como técnicas de persuasión y manipulación emocional.
Sostuvo que la estructura fraudulenta de Generación Zoe desembarcó en Salta con la colaboración de los hermanos Vilardel, a quienes Cositorto formó –como ocurrió en otras oficinas del mundo- para sostener su montaje. Dijo que los coimputados se alinearon con el esquema delictivo incluso en febrero de 2022, cuando sabían que la burbuja financiera había estallado y que su jefe estaba prófugo.
La fiscal también hizo referencia al “reclutamiento” promocionado por los imputados. Subrayó que la captación de nuevos inversores es parte de la lógica de toda estafa piramidal, junto al cumplimiento inicial de los pagos para generar confianza.
La representante del Ministerio Público explicó que la plataforma virtual de Zoe, donde las víctimas podían ver supuestas oscilaciones de criptoactivos y el crecimiento de su capital, era “una ilusión óptica”. Nunca funcionó como la aplicación de un banco o una billetera virtual real, donde los usuarios pueden disponer de su dinero.
La fiscal también hizo alusión a la “Universidad del trading” promocionada por Zoe, afirmando que era un nombre de fantasía sin ningún aval oficial.
En relación al perjuicio ocasionado a los inversores salteños, la fiscalía presentó la suma actualizada obtenida tras el peritaje contable: alrededor de 776 millones de pesos. Remarcó que en febrero de 2022, cuando ya había denuncias en Córdoba, la oficina local siguió fomentando inversiones y alcanzó a recaudar 180 mil dólares.
En relación a la acusación por asociación ilícita, la fiscal aseveró que la maniobra de generación Zoe es un “ejemplo de laboratorio” de cómo funciona un grupo delictivo con organización, finalidad y pertenencia.
