Los empleados del Espacio de Memoria y Derechos Humanos que funciona en el ex centro de tortura clandestino, afirmaron que lo que propone el Presidente es “pura demagogia”. Además afirman que ese trabajo no se podría realizar porque echaron al personal especializado del Archivo Nacional de la Memoria y que ahora lo dirige una experta en criptomonedas.
Pasado el 24 de marzo tras 49 años del último golpe militar en la Argentina y con un gobierno como el de Javier Milei que aprovecha cada resquicio de oportunismo en mostrarse teatralmente de derecha, anunció la desclasificación de archivos de la SIDE sobre la dictadura. Además se tratará de determinar que el asesinato el asesinato del capitán Humberto Viola y su hija, cometido por el Ejército Revolucionario del Pueblo el 1 de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán fue un crimen de lesa humanidad, cuestión que encenderá toda una polémica ya que no fue un asesinato cometido mediante los elementos del Estado sino a manos de terroristas.
“El gobierno nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y, además, fue rechazado por la Justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado”, explicaron los trabajadores de la organización que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Paralelamente, otro dato que señalaron es que, la mayoría de las personas a las que quisieran juzgar por estos casos de homicidios cometidos por organizaciones populares, “fueron desaparecidos, torturados y asesinados”.
“Es pura demagogia la desclasificación. ¿Quién va a hacerla? Echaron a todo el personal especializado en ese tema y el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas”, concluyeron.
