“La dama de hierro” de la Unidad Especializada en Femicidios, Luján Sodero Calvet, solicitó el rechazo a la internación domiciliaria de Jose “Jota” Figueroa, quien está acusado de matar a su ex pareja, Mercedes Kvedaras en un trágico hecho ocurrido en el coqueto barrio privado de El Tipal. La UFEM se opone al pedido de internación domiciliaria al considerar que no se encuentra médicamente justificado y advierte sobre los riesgos procesales. Foto: GENTILEZA EL TRIBUNO
La UFEM, cuya acepción anticuada ante la probable desaparición del término “femicidio” deberá cambiar prontamente de nombre. Pero hasta tanto “La dama de hierro” del Ministerio Publico, intocable desde épocas de Abel Cornejo, sigue imponiendo sus enfáticas tomas de posiciones ante los casos que le caen para acusar.
Para este caso solicitó el rechazo del pedido de internación domiciliaria presentado por la defensa técnica de José Figueroa, quien está imputado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa (la señora Mercedes Kvedaras) al considerarlo improcedente.
En su presentación, Sodero Calvet al mando de la UFEM, sostuvo que las constancias médicas aportadas por la defensa no justifican la concesión del beneficio solicitado ni acreditan indicaciones médicas explícitas que determinen la necesidad de un tratamiento domiciliario. Asimismo, destacó que el Ministerio Público Fiscal ya había señalado los contundentes elementos que indican la participación del imputado en el hecho investigado, así como los riesgos procesales que motivaron la imposición de la prisión preventiva que actualmente cumple.
La Fiscalía advirtió que la solicitud de la defensa carece de fundamentos que justifiquen la sustitución de la medida cautelar por una internación domiciliaria, instituto que no está previsto en la normativa procesal vigente. A su vez, subrayó que el tratamiento médico invocado puede ser abordado dentro del Servicio Penitenciario Provincial, como ocurre con otros internos.
Además, remarcó que no existe dictamen de una junta médica especializada que avale el pedido y que no hay elementos en la causa que indiquen que el imputado no pueda recibir asistencia en su lugar de detención.
En su presentación, la Fiscalía subrayó que se mantienen vigentes los riesgos procesales que fundamentaron la imposición de la prisión preventiva, entre ellos, la posibilidad de fuga del imputado y la obstrucción del proceso judicial. «El imputado cuenta con recursos económicos y personales suficientes para mantenerse en la clandestinidad y evitar la acción de la Justicia, además de la posibilidad de influir o intimidar testigos clave en la causa», señaló la fiscal Sodero Calvet.
Además, la Fiscalía resaltó la gravedad del hecho imputado, ocurrido en un contexto de violencia de género, y la posible aplicación de la pena más severa del ordenamiento jurídico penal, un factor especialmente relevante en esta etapa procesal, dado que la causa se encuentra próxima a la audiencia de debate. Por lo expuesto, solicitó que el Tribunal de Juicio Sala II rechace el pedido de internación domiciliaria y mantenga la prisión preventiva del imputado.
