Quedó conformada la Unidad Fiscal que impulsara la nueva etapa investigativa por el crimen de las turistas francesas. El 17 de febrero pasado, la Procuración General de la Provincia dictó la Resolución N° 1594/25 disponiendo la creación de una Unidad Especial, conformada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios (UFEM); el Fiscal Penal de Transición, Pablo Rodrigo Paz; y el Fiscal Penal UGAP, Gabriel González. ¿Quienes son y que antecedentes tienen estos tres funcionarios para investigar el peor caso en la historia criminal de Salta?
El doble crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en 2011 y halladas en la Quebrada de San Lorenzo tiene un nuevo capítulo. Tras el sobreseimiento definitivo de Santos Clemente Vera, encarcelado injustamente por 10 años en lo que constituye el mayor papelón en la historia judicial de la provincia de Salta, la procuración “impulsará la nueva etapa investigativa por el crimen de las turistas francesas”, tal como titula el MPF en su último parte de prensa.
Un elemento clave para resolver el rompecabezas que parece cada vez alejarse más de la verdad es el hecho que destacaba el defensor de Vera en una nota con MUY CRITICO, y es que Gustavo Lasi, el único condenado por el aberrante doble crimen, no pudo haber actuado solo.
Así las cosas, El Ministerio Público Fiscal de Salta dispuso la creación de una Unidad Fiscal Especializada para continuar con la investigación del crimen de las turistas francesas. Esta decisión se tomó luego del fallo del Tribunal de Impugnación Sala IV, que el 30 de diciembre de 2024 resolvió el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, invocando la figura de la insubsistencia de la acción penal debido al transcurso del tiempo y su impacto en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Este fallo se dictó en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 7 de diciembre de 2023 dejó sin efecto la condena impuesta por el Tribunal de Impugnación Sala I, y confirmada por la Corte de Justicia de Salta en el año 2016. La Corte Suprema no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Santos Vera, sino que cuestionó irregularidades procesales y dispuso que la justicia salteña dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad a la normativa vigente en el Código Procesal Penal. En respuesta, la Corte de Justicia de Salta remitió la causa al Tribunal de Impugnación, que finalmente dictó el sobreseimiento de Vera por los motivos antes señalados.
Ante este escenario, el día lunes 17 de febrero la Procuración General de la Provincia dictó la Resolución N° 1594/25 disponiendo la creación de una Unidad Especial, conformada por la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios (UFEM); el Fiscal Penal de Transición, Pablo Rodrigo Paz; y el Fiscal Penal UGAP, Gabriel González.
¿Quiénes son estos tres que tendrán semejante responsabilidad?
Gabriel Alejandro González se desempeñó en el cargo de fiscal penal del Distrito Judicial Centro juró ante el procurador anterior, Abel Cornejo, quien en 2019 tomó en consideración las necesidades funcionales de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Fiscalía Penal N° 2 y de la Fiscalía Penal de General Güemes y Rosario de Lerma, y en consecuencia asignó nuevos magistrados y funcionarios.
García Castiella lo designó para sumarse a la unidad que investigará el crimen de las francesas.
El otro fiscal es Pablo Paz, quien estuvo en un principio en la unidad que investigó el homicidio de Jimena Salas, sin resultado alguno. Tiene un largo rato trabajando en la unidad de Graves Atentados contra las Personas y pasó por diversos casos criminales.
Por último y no menos importante, la “dama de hierro” de la administración Cornejo, la Dra. María Luján Sodero Calvet, quien en 2020 se fue designada como Directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Estuvo en el caso del homicidio de Paola Ávila en barrio Puerto Argentino. La vendedora de drogas que fue asesinada de un piedrazo en la cabeza y que por aquel caso mandaron a detener a la mitad de los drogadictos de esa barriada.
Aunque vale la pena destacar un párrafo que le dedicó el tribuno, el 6 de junio de 2019, en una nota titulada: “El Vaticano pide colaboración con la justicia, y en Salta no hay coherencia”, de Silvia Noviasky. Allí se señala que “entre la catarata de cambios que trajo la llegada de Abel Cornejo a la Procuración, hubo uno que despertó alarmas, el de María Luján Sodero Calvet. La fiscal pasó de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (Udis) a la de Graves Atentados contra las Personas (Ugap). También quedó a cargo de la Coordinación General de Unidades Fiscales. Sodero investigó dos de los casos más resonantes en materia de abusos eclesiásticos: el de Agustín Rosa Torino y el de José Aguilera, dos sacerdotes influyentes que terminaron con prisión domiciliaria a pesar de su oposición”.
Lo que sigue
Ya con anterioridad la fiscal de Impugnación, en fecha 10 de febrero había requerido la extracción de copias y formación de incidente para que las actuaciones bajen al juzgado correspondiente lo que permitiría continuar con su tramitación.
La investigación deberá estar a cargo de un Juez de Instrucción en Transición, en cumplimiento de la normativa procesal vigente al momento de la comisión de los hechos. La Unidad Fiscal deberá profundizar un análisis integral que contemple no solo la recolección de nuevas evidencias, sino en la reevaluación de las pruebas existentes, bajo un enfoque exhaustivo y multidisciplinario. Esto con la finalidad de agotar todas las líneas de pesquisas disponibles.
Se tuvo en cuenta además, que se encuentra vigente la Ley 26196, que aprueba el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa. Este convenio compromete a ambos Estados a brindarse mutuamente la más amplia asistencia judicial posible en todo procedimiento relativo a delitos penales (art. 1 del convenio), lo que constituye un mecanismo válido aplicable al caso, sobre todo en función de posibles solicitudes en materia de prueba científica.
Destaca la Resolución, que el acceso a la justicia y la protección de las víctimas no solo constituyen principios fundamentales del derecho internacional, sino que también imponen a los Estados la responsabilidad de garantizar investigaciones exhaustivas, imparciales y eficientes, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, considera que la investigación debe mantenerse activa, utilizando herramientas de análisis científico y tecnológico actualizado, colaborando directamente con el Juez de Instrucción.
En ese sentido, cabe tener presente que el caso tuvo inicio el día 29 de julio de 2011 (fecha de hallazgo de los cuerpos), es decir, bajo la vigencia del Código Procesal Penal de Salta según Ley 6345 y modificatorias. La actual normativa procesal, sancionada por Ley 7690 (8 de diciembre de 2011), recién comenzó a regir el 06 de junio de 2012 para delitos cuya pena no superara los 6 años de prisión, mientras que para la totalidad de los ilícitos, el nuevo régimen entró en vigor al año y medio siguiente (conforme art. 7 de las normas complementarias, Ley 7590). Por otro lado, las normas generales del Código, según Ley 7690, establecen que sus disposiciones se aplicarán a causas que se inicien a partir de su vigencia, salvo ante el supuesto de opción por el nuevo sistema procesal formulado por todos los imputados (art. 3, CPP y art. 2 de las normas complementarias), lo que no ocurrió en este caso.
Por último, la Resolución de Procuración General, instruye a la unidad fiscal a merituar la necesidad de la conformación de un equipo de investigadores especiales para coadyuvar con las diligencias de investigación a proponer, con la sola condición de que entre los seleccionados no hayan tenido intervención previa en el caso.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, afirmó que «la vida de la acción penal está vigente y corresponde garantizar su continuidad», asegurando que la investigación seguirá activa puesto que no acontecieron los plazos legales de prescripción.
El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) brindará asistencia prioritaria en todas las pericias que sean necesarias, aplicando tecnología de vanguardia y técnicas científicas avanzadas.
