La fiscalía de Delitos Económicos Complejos requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 3 por maniobras fraudulentas, de los cuales 13 son efectivos policiales. La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán y posteriormente abrió una sede en la ciudad de Salta.
Debe tratarse de un record en cuanto a la cantidad de probables estafadores que habrían participado de este tipo de delitos, los cuales recaen en la UDEC, la Unidad de Delitos Económicos Complejos a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, quien requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 3, del Distrito Judicial del Centro, para 27 imputados en la causa de la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”, entre ellos, 13 efectivos de la Policía de la provincia.
Resulta que la operatoria tenía una vinculación de manera articulada con elementos de la ley, es decir personal policial, conformando la figura de asociación ilícita. Una exhaustiva y prolongada investigación permitió desmantelar la modalidad defraudatoria utilizada, conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
En los fundamentos de la acusación, la fiscal UDEC sostiene que se encuentra suficientemente acreditada con el grado de convicción necesario, la existencia de los delitos imputados de estafas reiteradas, falsedad de instrumentos privados, en un total de 849 hechos, así como la responsabilidad penal de los imputados.
Físicamente, la financiera funcionaba en un local ubicado en Avenida Bicentenario N° 1330, local 27, de la cuidad de Salta y cobró notoria relevancia y notoriedad los primeros meses del año 2022, debido a la concurrencia masiva de personas durante todo el día, tornándose de público conocimiento que miembros de la fuerzas de seguridad (policial y penitenciaria) estaban efectuando importantes inversiones.
Para ello entregaban sus rodados o comprometían sus sueldos con préstamos personales para efectuar las inversiones, ante la promesa de obtención de una ganancia cuantiosa, cuyo periodo de inversión y margen de ganancia se presentaba como insuperable, comparado con las tasas oficiales.
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos requirió juicio a los siguientes imputados:
Cynthia Elizabeth del Valle Moya, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado, en concurso ideal y en calidad de jefe/organizador del delito de asociación ilícita, en concurso real;
Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado (849 hechos), en concurso ideal, la cual concurre en forma real con el delito de asociación ilícita;
Javier Maximiliano Juárez, por el delito de estafa (un hecho) y falsedad de instrumento privado (un hecho), en concurso ideal y asociación ilícita, en concurso real;
Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez por los delitos de asociación ilícita y abuso de autoridad, en concurso real;
María Eugenia Espinosa, por los delitos de asociación ilícita y peculado, en concurso real;
Alberto Sebastián Giménez, por el delito de asociación ilícita;
Nidia de los Ángeles Valdéz, por el delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero,agravada por su condición de funcionaria pública;
Emanuel Jonathan Pardo Tárraga, por los delitos de violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravada por su condición de funcionario público, en concurso ideal;
Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta por los delitos de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito, agravado por actuar con ánimo de lucro.
Asimismo, se solicitó la declaración de rebeldía de Melisa del Valle Maciel, la que no compareció y no pudo ser localizada, a pesar de las diligencias realizadas por UDEC.
La Financiera “Ríos & Asociados S.A.”, a través de los imputados Cynthia Elizabeth del Valle Moya, Alejandra Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Ana Macarena Párraga, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martin Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, actuó en connivencia, con una distribución de tareas, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de gran envergadura. Los acusados ofrecían a los damnificados participar en inversiones que prometían importantes ganancias en corto plazo, afirmando que operaban en el mercado bursátil, criptomonedas, entre otros instrumentos financieros..
Para concretar la maniobra fraudulenta, los acusados suscribían un contrato de inversión por cada operación, aparentando su legitimidad mediante la firma de un supuesto presidente del ente societario. Este documento utilizado como elemento de engaño, inducía a error a las víctimas, haciéndole creer que recibirían, lo que se enmarca en una maniobra estafatoria.
Esta estrategia les permitió captar a una importante cantidad de víctimas, quienes confiando en la promesa de rentabilidad, realizaron importantes aportes en dinero y/o bienes, como vehículos y motocicletas.
Respecto al acusado Javier Maximiliano Juárez se formula requisitoria de elevación a juicio por los delitos de estafa y falsedad de instrumento privado (un hecho), en concurso ideal. Según la denuncia de un damnificado, quien conocía al imputado, Juarez le comentó respecto a la financiera y lo acompañó a vender su vehículo para que entregara el dinero obtenido. Su vínculo con la financiera y con su principal miembro, Cynthia Moya, quedó acreditado mediante 18 contratos registrados a su nombre, entre febrero y marzo de 2022.
También se considera autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad a Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Justino Manuel Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez, quienes, en su condición de funcionarios públicos, prestaron servicios de seguridad a la financiera Ríos y Asociados S.A., fuera del régimen establecido por la institución policial. De la investigación surge que, durante el período de funcionamiento de la falsa financiera, un número indeterminado de personal policial cumplió funciones de seguridad en el local ubicado en avenida Del Bicentenario 1330, local 27, de Salta Capital, sin cumplir con la normativa vigente para la prestación del servicio adicional de seguridad.
Por el delito de peculado, se solicita la elevación a juicio de María Eugenia Espinosa, quien, en su carácter de jefa de la División Cobranza y Adicionales de la Policía de Salta, sustrajo caudales estatales al rendir una suma inferior a la realmente percibida. Para ello, generó nuevos recibos, causando un perjuicio patrimonial al Estado provincial.
Nidia de los Ángeles Valdéz, quien se desempeñaba como Jefa de Operaciones de la Unidad Regional N° 3, de Metán, resulta autora material y penalmente responsable del delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero, hecho que se encuentra debidamente acreditado.
Emanuel Jonathan Pardo Tárraga fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por su condición de funcionario público, en concurso ideal. El acusado reveló detalles sobre las medidas ordenadas por el Tribunal interviniente, violando su obligación de preservar dicha información, debido a su rol como personal policial.
Finalmente, respecto a Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta corresponde la acusación, en carácter de autores penalmente responsables de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro. El hecho atribuido resulta de las pruebas de cargo, entre las que se cuentan los informes contables, bancarios, legajos de los rodados y AFIP.
En relación al delito de asociación ilícita -de la que formaron parte los policías Espejo, Ramos Bonifacio, Correa y Chocobar- se entiende que los acusados conformaron una empresa delictiva, con un alto grado de organización y planificación, caracterizada por una clara división de tareas entre sus miembros. Esta estructura, permitió ejecutar las distintas etapas de su actividad espuria y luego disponer discrecionalmente del dinero obtenido. La figura penal de asociación ilícita requiere que la organización sea estable y perdurable en el tiempo, con al menos tres personas unidas por un propósito común de cometer delitos, existiendo una relación de reciprocidad y uniformidad que genera el sentimiento de pertenencia entre sus integrantes.
El esquema PONZI
La maniobra desplegada por los imputados configura una estafa piramidal, cuya metodología consiste en ofrecer altos retornos en corto plazo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, dando apariencia de que el negocio es rentable y quedarse con un gran volumen de dinero. Este sistema funciona de manera regular, cumpliendo con los pagos acordados, hasta que dejan de ingresar nueva víctimas. En ese momento, el esquema colapsa, ya que nunca existió un verdadero mecanismo para generar beneficios, ni ganancias, lo que constituye lo que se conoce como una estafa bajo el Esquema Ponzi. Por lo general, estos esquemas requieren una inversión inicial y prometen rendimientos superiores al promedio ofrecido en la plaza financiera.
Conforme a lo investigado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la constitución de 849 contratos permitió a los acusados obtener un total de 513.318.730 de pesos y 510.131 dólares. Una parte del dinero obtenido por los imputados fue utilizada para la adquisición de vehículos 0 km. de alta gama y diversos elementos, algunos de los cuales fueron secuestrados durante los allanamientos realizados por la UDEC.
La fiscal Salinas Odorisio concluye en su requerimiento que surge la configuración del delito de estafas reiteradas y falsedad documental, con 849 hechos en concurso ideal, puesto que los acusados ofrecieron a los damnificados la inversión de sumas de dinero en una falsa financiera. Además se configura el delito de falsificación de documentos, debido a que los imputados actuaron con dolo, conscientes de la falsedad de los contratos entregados a las víctimas y el perjuicio ocasionado.
