La Justicia le prohibió al ejecutivo nacional eliminar los programas de prevención y asistencia a mujeres y niños en situación de violencia de género, el mismo día que se decidió eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Fue por medio de la resolución 11167/2024 publicada por la Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal.
La parte actora requirió el otorgamiento de una medida cautelar de no innovar que ordenará que el “Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional se abstengan de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia”.
El viernes 28 de junio de 2024, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) habían presentado una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación.
Las organizaciones demandaron certezas sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Estado Nacional en materia de violencias.
