La exsecretaria general y la tesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP), fueron encontradas culpables de los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas por los que llegaron requeridas a juicio.
Tras el pedido de la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de Ana Inés Salinas Odorisio, la cual solicitara la pena máxima de siete años de prisión para ambas acusadas. Según la fiscal, Argañaraz y Cerezo participaron como coautoras de 26 hechos de estafa, vinculados principalmente con la administración de fondos destinados a los docentes de la provincia.
El caso se centró en el desvío de recursos dentro de la ADP, en particular a través de mecanismos administrativos fraudulentos, tales como la emisión de facturas y documentos falsificados. Estos documentos fueron utilizados para justificar pagos inexistentes y desviar dinero para fines personales, sin que los docentes tuvieran acceso a los fondos que, según las acusaciones, deberían haber sido destinados a sus beneficios.
Según FISCALES PENALES, uno de los puntos más relevantes de la investigación fue el caso del Fideicomiso “Virgen de Urkupiña”, un proyecto que prometía acceso a viviendas para los docentes a cambio de pagos iniciales y cuotas mensuales. Sin embargo, la fiscal Salinas Odorisio evidenció que el fideicomiso fue utilizado como una pantalla para estafar a los educadores, quienes nunca recibieron las viviendas prometidas.
En cuanto a los otros implicados, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, quienes fueron considerados partícipes necesarios de las estafas, la fiscal solicitó una pena de tres años de prisión condicional para ambos.
