El pedido de detenciones también son para el intendente Martínez y el abogado Ortega Serrano por entorpecer investigación judicial. Por su parte La Procuración General de la Provincia de Salta pidió autorización judicial para realizar allanamientos. La Unidad Fiscal está integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa. Los pedidos solicitados aún no han sido resueltos.
El juez de Orán, Claudio Parisi viene acumulando los suficientes “méritos” para un jury. Coimas en casos vinculados con drogas y bandas mafiosas del norte, además de cohecho en ventas de drogas. Sin mencionar que en uno de ellos está involucrada una sobrina suya, la sargento Mariana Castellanos quien ya estaba detenida pretéritamente por felonías de similar calibre.
Ante semejante acumulación de hechos vinculados directamente con bandas narcos es que la Procuración a través de su unidad fiscal especializada, elevó el pedido al juez de Garantías Raúl López, debido a la inhibición del juez Francisco Oyarzú para continuar con la causa.
La solicitud se fundamenta en que sus acciones entorpecieron la investigación, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.
Desde la Procuración General informan que se requirió solicite la autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi, con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación.
La intervención de la máxima autoridad judicial es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien está imputado por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional. A esta hora aún no se resolvieron los pedidos solicitados.
