La legislación que tenía inicialmente más de 600 artículos quedó reducida a 234 y se aprobó con 147 votos positivos, 107 negativos y 2 abstenciones, luego de un nuevo tratamiento en Diputados. Foto: Television Publica
La primera versión de la ley, conocida como “ley ómnibus” por la magnitud y alcance de los puntos propuestos, planteaba reformas estructurales en gran cantidad de áreas del Estado. Luego de un extenso período de negociaciones entre el Gobierno y los miembros del Congreso de la Nación, se alcanzó un consenso que dará inicio a una nueva etapa en el mandato de Milei.
Algunos de los puntos más discutidos que obtuvieron en mayor o menor medida cambios en las cámaras legislativas tienen que ver con la declaración de emergencias en distintos ámbitos del Estado que habilita la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, la privatización de empresas públicas, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reforma laboral y la moratoria provisional. CNN publicó un informe detallado punto por punto:
Poderes legislativos delegados al Ejecutivo
La letra original de la Ley Bases, en su instancia ley ómnibus, declaraba en emergencia 11 áreas del Estado- económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social- hasta el 31 de diciembre de 2025.
De aprobarse tal como estaba propuesta se otorgaba la facultad al presidente para tomar decisiones en todos esos ámbitos sin pasar por el Congreso durante dos años.
Finalmente, este punto de la legislación se acotó al período de un año abarcando solo cuatro áreas: administrativa, económica, el financiero y energética.
Privatización de empresas públicas
De las 41 empresas públicas que quedarían sujetas a privatización, se redujo el listado a menos de una decena. Las más relevantes que fueron excluidas del proyecto en el Senado, luego ratificado por Diputados, son Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino.
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
Otro de los puntos bien discutidos fue el relacionado a los beneficios impositivos para las empresas privadas que inviertan en el país.
El título VII, referido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), también sufrió un recorte y quedó sujeto a inversiones en los sectores “a proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas”, con un plazo de adhesión de dos años.
Reforma laboral
En el Título V, se sancionó la Modernización laboral que introduce cambios a la Ley de Empleo y la Ley de Contrato de Trabajo.
Entre las principales modificaciones se exime de sanciones y acciones penales a los empleadores que no hayan realizado los aportes correspondientes, es decir una contratación irregular, a cambio de regularizar al trabajador.
Además, se extiende el período de prueba de 3 meses a 6 meses para las empresas con más de 100 empleado; a 8 para compañías de entre 6 y 100 trabajadores; y a 1 año para las de hasta 5 empleados.
También se habilita a los trabajadores independientes que lleven adelante emprendimientos a contar con hasta otros 5 trabajadores independientes, sin generar una relación de dependencia.
Moratoria previsional
El capítulo que planteaba la eliminación de la moratoria previsional fue sacado de la ley. Este punto, proponía la creación de la prestación de retiro proporcional para quienes alcanzaran la edad de jubilarse, pero no los 30 años de aportes requeridos.
El paquete fiscal, otra ley que acompañó el debate
En una primera instancia, el paquete fiscal estaba incluido en la ley ómnibus, pero se quitó de ese texto y se presentó como una ley aparte.
En su paso por el Senado, los artículos referidos a los impuestos a las ganancias y los bienes personales fueron rechazados. Sin embargo, Diputados volvió a incluirlos de acuerdo al texto aprobado a fines de abril.
De esta manera se restituye la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y el aumento del piso de bienes personales, así como también un nuevo blanqueo de capitales.
