Marcos Vera y Verónica Molina obligaban a los empleados de esas reparticiones a entregar el 20 por ciento de sus sueldos. Además están siendo juzgados Gustavo Emilio Gerónimo, excoordinador del Modelo de Atención Personalizada del PAMI; Diego Jesús Albornoz, excoordinador Ejecutivo; y el exconcejal Fernando Ruarte. También se investigan los cobros indebidos del IFE a manos de Vera y otros funcionarios.
Tras una administración sospechada de fraudulenta mientras reinaban Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en el poder, La Campora hacia estragos en la sede del Pami salteño. Una vez que se produjo la caída en las urnas y el poder de estos gobiernos se apagó, era inevitable que los acusados vinculados a la agrupación camporista, enfrenten cargos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
En el fuero federal se está evaluando la acusación que se centra en el presunto cobro del 20% de los sueldos de los jefes de distintas agencias del PAMI en Salta, destinado a la agrupación kirchnerista.
El escandaloso hecho se conoció en plena pandemia, cuando se supo que Vera y otros funcionarios públicos cobraban indebidamente la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante el año 2020.
No conformes con obligarlos a los empleados a realizar “aportes” a La Cámpora, la cual había ejercido influencia en las administraciones del PAMI y la ANSES en Salta, así como en otras gerencias a nivel nacional, cobraban la ayuda para personas en situaciones de vulnerabilidad total.
Cabe recordar que para ese momento el gobierno nacional con Alberto Fernández a la cabeza, había ordenado el aislamiento total. Esto impedía realizar cualquier actividad laboral afuera de la casa, lo que llevó a una ayuda económica de 10 mil pesos.
Luego se conocería las fotos de las fiestas en Olivos y las visitas ilustres de artistas “K” a la residencia presidencial, lo que socavó la imagen de Alberto y puso en evidencia las miserias de un gobierno con índices de corrupción escandalosos.
