El Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, tendrá la sagrada tarea no solo de emitir un fallo ejemplificador sino que además deberá enviar un mensaje a la sociedad argentina de que los violentos ya no tienen lugar en el tejido social y que es inaceptable que en la Argentina se permita el “crimen en manada”. Foto: Alejandro Santa Cruz.
La Justicia argentina está a prueba una vez más. Esta vez con el crimen de Fernando Báez Sosa. Mientras Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Luciano, Ciro y Lucas Pertossi esperan desde la Alcaidía 3 del penal bonaerense de Melchor Romero; el país entero espera por una condena ejemplar.
En ocasiones la vida social sufre un hecho de características que no registran antecedentes por su violencia extrema, sus connotaciones de clase social y sobre todo de odio racial hacia aquellos que deberían ser miembros de una comunidad y vivir bajo las mismas reglas de tolerancia y respeto. Nada de eso se ha cumplido y el crimen de Fernando nos ha hecho retroceder como sociedad hasta la era de los neandertales.
Que una manada de bestias disfrazados de jóvenes “rugbiers” elitistas salgan a la calle y en 47 segundos destrocen a patadas y trompadas a un chico de sus mismas edades, solo porque tiene raíces paraguayas pero es un ciudadano argentino con los mismos derechos que los criminales, es un hecho que involucra a toda la sociedad argentina.
Esto va más allá del lugar común que es “podría pasarle a cualquiera”. Lamentablemente es más complejo lo que ha generado esta masacre. Se trata de preguntarse como sociedad que es lo que hemos hecho mal para que esto sucediera; porque es de convenir que esta bestialidad es muy similar al odio racial que existe en los EE. UU. donde los afroamericanos son permanentemente maltratados y asesinados por otros ciudadanos intolerantes o bien por policías racistas; pero ellos –los americanos– jamás pudieron solucionar sus problemas raciales pretéritos de siglos y siglos.
En Argentina el racismo no existe de esa manera. Pero resulta que se manifiesta cuando un chico de raíces paraguayas es golpeado hasta la muerte por una banda de ocho criminales. Cuando la sociedad recibe un golpe de estas características experimenta en sus entrañas un sentimiento de vulnerabilidad total y por supuesto de miedo.
Ese temor debe ser mitigado con la reacción inmediata del Estado el cual está para proteger a la sociedad en su conjunto porque la comunidad necesita que las instituciones la protejan y no siga apañando a estos homicidas solo por el hecho de ser “chicos de clase alta”. Estos energúmenos, quienes están situados en lo más alto de la pirámide social vaya a saber por mandato de quien. Pero así son las prioridades en un país como argentina.
El Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, no solo debe dar una condena ejemplar para que esos padres tengan justicia, no solo para que ese jovencito descanse en paz; el Tribunal tiene que dar un mensaje a la sociedad al momento dar el fallo porque la necesidad de vivir en paz y armonía es urgente y es un derecho que tenemos todos.
No se trata de castigar, se trata de que la sociedad sepa que las instituciones la protegen de actos incalificables como estos; no se trata de venganza, se trata de sentar un precedente donde homicidas y psicópatas como estos jamás vuelvan a agredir a nadie.
Las pruebas son sobre abundantes y fueron presentadas ante el tribunal, los testimonios de los imputados fueron vagos y poco convincentes, con contradicciones sobre lo que las partes les preguntaban mientras se exhibían los videos del brutal momento. Para peor trabaron una inútil contienda contra la persona de uno de los querellantes, cosa que no se recomienda en los ámbitos tribunalicios.
Así en Dolores como en Salta
Pero claro vivimos en la Argentina, donde su sistema acusatorio arremete sin fundamentos y terminamos con un Santos Clemente Vera condenado a perpetua y resulta que el hombre es totalmente inocente y no dicho por quién redacta esta nota sino por protagonistas de este hecho como lo son el fallecido Dr. Carlos Pucheta –un emblema de la independencia de poderes– y el prestigioso penalista Marcelo Arancibia, quien liberó a dos perejiles falsamente acusados como lo son Daniel Vilte –mismo caso– y Sergio Vargas por el crimen de Jimena Salas. Por nombrar solo dos casos de los miles que existen en el país.
Con todos estos atropellos a la razón y el sentido común, no es de sorprenderse que a seis de los ocho les den condenas livianas aunque tengan ADN de Fernando en sus prendas, ya que Thomsen y Cinalli tienen la perpetua al cuello por la cantidad enorme de pruebas que pesan en contra de este par.
Es hora de que hagan las cosas correctamente donde toda la presión traducida en coberturas de prensa excepcionales por parte de los principales medios periodísticos y el conmovedor acto a tres años del crimen, el cual fue multitudinario, de seguro va a pesar sobre estos tres jueces que deberán tener la tarea de brindarle a la alicaída Justicia argentina algo de seriedad. Ya es hora.
