El 14 de julio de 2020 el presidente Alberto Fernández incumplió el artículo 205 del Código Penal y las restricciones impuestas por el mismo. “Se acabaron los vivos que pasan por encima de los bobos. Me dieron el poder para impedirlo y lo voy a hacer”, decía unos meses antes de la bochornosa foto de la fiesta de su mujer. Otra más del buen Alberto, quien parece estar inmunizado ante los bochornosos actos que comete permanentemente

“Cada pueblo tiene los gobernantes que se merece”, parece un lugar común pero en la Argentina califica a la perfección. Por ello es que cada vez que se pregunta acerca del porqué de que un país como Argentina tenga la mitad de la población bajo la línea de pobreza, es justamente por tener a seres del talante de Fernández en el poder.

Mientras el país chocaba contra las restricciones de no poder ni salir a la puerta, miles y miles de argentinos veían como sus empresas familiares quebraban sus economías. La mayoría del rubro gastronómico o todo aquello que involucre puestos de trabajo. Pero a Alberto lo único que le importaba era la fiesta de la primera dama mientras la barrera de los 90 mil muertos triplicaba las bajas de la última dictadura militar.

La “razonable” multa

La fiscalía consideró “razonable” el último ofrecimiento de reparación integral presentado por el mandatario de $1.600.000 y solicitó al juez federal Lino Mirabelli, de San Isidro, que homologue el acuerdo. Antes deberá establecerse a qué institución médica será destinado el dinero. El fiscal Domínguez propuso en el dictamen que la donación sea para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”, como había ofrecido Fernández, publica elDiarioAR.

El monto ofrecido por el Presidente equivaldría al costo de un respirador y cuatro días de internación para pacientes en cuidados intensivos (UCI) con atención respiratoria motora (ARM), estimó la fiscalía, en base al nomenclador del Ministerio de Salud de la Nación y del Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar del ministerio de la provincia de Buenos Aires y del Hospital Central de San isidro. La cifra también equivale a 40 días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de pacientes con Covid-19, según dichos nomencladores oficiales.

El Presidente había propuesto donar $1.600.000 al Instituto Malbrán para llegar a un acuerdo con el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. Para ser sobreseído, la reparación económica debe ser homologada por el juez. Yáñez llegaría a un acuerdo de resolución alternativa del conflicto por otros $1.400.000 para cerrar la causa.

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