Ante el repudio que causó la amenaza de una funcionaria a la periodista por el episodio del automóvil mal estacionado, la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) se pronunció enérgicamente contra Mariana Onetto, secretaria letrada del Ministerio Publico de la Defensa. Ante lo sucedido la Defensoría General emitió un comunicado. Foto: Que Pasa Salta 

La periodista Marcela Pérez publicó en sus redes sociales fotografías del vehículo en cuestión, identificado como “auto oficial del Ministerio Publico de la Defensa”. Como respuesta por parte de la funcionaria, quien resultó ser Mariana Onetto, la periodista recibió un mensaje que decía: “Te pido que bajes inmediatamente la foto o iniciaré acciones legales en tu contra por publicación de datos”.

El comunicado de APeS

La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) manifiesta su más enérgico repudio a la amenaza sufrida por la periodista Marcela Pérez por parte de Mariana Onetto, secretaria letrada del Ministerio Público de la Defensa.

El martes pasado, Pérez publicó en sus redes sociales varias fotos de vehículos mal estacionados. Entre ellos se encontraba uno identificado como auto oficial del Ministerio Público de la Defensa y, al igual que en el resto de los casos, lo publicó a fin de dar a conocer el incumplimiento de los ciudadanos a las normas.

Como resultado de ello, en la tarde del miércoles, Pérez recibió un mensaje de Mariana Onetto -que resultó ser la propietaria del vehículo que contaba con la identificación del Ministerio Público- en el que le solicitaba “bajar inmediatamente las fotos o iniciaré acciones legales en tu contra por publicación de datos”

Desde nuestro lugar de periodistas y actores sociales esenciales para el cumplimiento y desarrollo de una sociedad más igualitaria insistimos en el cese de la violencia ejercida por funcionaria/os de toda la provincia como respuesta a nuestro trabajo.

Por último, solicitamos que el defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, tome las medidas pertinentes contra esta funcionaria pública, que sin lugar a dudas pretende hacer abuso y ostentación de privilegios por el rol que cumple.

El comunicado de la Defensoría General

Ante la sostenida circulación durante la jornada de ayer en medios de prensa y redes sociales, de una publicación continente de fotografías cuestionando el estacionamiento indebido de un vehículo que exhibía en su interior una placa cartel con la denominación “MINISTERIO PÚBLICO – VEHÍCULO OFICIAL”, y advirtiendo la gravedad de la situación toda vez que dicho vehículo no pertenece a la flota de vehículos de Ministerio Público de Salta, sino que sería de uso particular de una funcionaria dependiente de ésta Defensoría General, como así también los hechos posteriores a ello, direccionados a impedir la continuidad de la divulgación de la publicación, se hace saber que se ha ordenado la instrucción de un Sumario Administrativo, a los fines de disponerse las distintas medidas enderezadas a la investigación y eventual sanción del hecho denunciado, previo ejercicio del derecho a defensa de la funcionaria involucrada.

Asimismo, ante las distintas expresiones y comunicado de asociaciones defensoras del ejercicio libre de la actividad periodística, se deja suficientemente a salvo como regla fundamental, y en términos generales y sin que necesariamente implique una referencia específica con la situación planteada – (que deberá ser materia de examen y resolución del sumario a instruirse)- , que resulta una premisa inquebrantable para esta Defensoría General, el respeto absoluto e integral sin retaceos ni cercenamientos de ninguna naturaleza, de la libertad de expresión, prensa y opinión, base misma del funcionamiento del sistema republicano y democrático.

Se hace conocer a la vez, que también se ordenaron medidas relacionadas a examinar y revisar todos los antecedentes vinculados a la asignación y provisión en general de dicha cartelería por parte de las distintas áreas, disponiéndose en el ámbito de la Defensoría General, restringir su uso a lo estricta y extremadamente indispensable por parte de vehículos oficiales que así lo requieran conforme su indispensable y extrema necesidad, ordenándose a la vez el cese de su disponibilidad y devolución en los casos que no resulte de inevitable necesidad, toda vez que el ejercicio de las funciones regulares y ordinarias que pudiesen asignarse a los distintos funcionarios, no resulta incompatible con la circulación vehicular regular y respeto por las normas de tránsito, exigibles a cualquier ciudadano común.

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