La acusación contra Vargas es tan absurda e inconducente que va a contrapelo con la triste realidad que está padeciendo su familia desde el invierno anterior. Sus hijas están internadas en el hospital Materno Infantil en condigo rojo, mientras su padre padece el cruel enclaustre desde la alcaldía, negándosele la prisión domiciliaria sistemáticamente y ahora con un alto riesgo de contraer Covid-19 debido a las pésimas condiciones que presenta la alcaldía en cuanto a hacinamiento ¿Cómo pudo Vargas haber cobrado una recompensa y sus hijas estar muriendo de hambre en el hospital? ¿Dónde están los derechos universales de los niños?

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Convención sobre los Derechos del Niño. Unisef.

Evidentemente la realidad paralela en la que viven los fiscales penales de la UGAP, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, los llevó a confeccionar una acusación tan tirada de los pelos, que le atribuyeron a Sergio Vargas la presunta comisión del delito de supuesto homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por precio o promesa remuneratoria (!), en calidad de partícipe secundario. Mientras sus hijas están muriendo de hambre en el Hospital Materno Infantil en código rojo.

En la línea argumental del relato kafkiano que confeccionaron los funcionarios del sistema acusatorio de la Provincia de Salta, el “malvado” es Vargas, quien aparece como el “cómplice” de los dos asesinos que ultimaron a la señora Jimena Salas el 27 de enero de 2017 en el interior de su vivienda, en Vaqueros.

Mientras Sergio Vargas –el pagote de esta historia de terror– languidece en la alcaldía y su vida ahora corre peligro de contagio ante semejante hacinamiento, al cual están expuestos los internos de ese infiernillo.

Según un informante que dio cuenta a MUY CRITICO de la situación paupérrima que se vive en esa unidad penal, algunos ladronzuelos de poca monta y malvivientes que se encuentran con alguna que otra causa, más que nada por portación de rostro o por haberle “levantado la voz” a alguna ocasional pareja, ya fueron despachados a sus casas bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Pero a Vargas no lo enviarán a su hogar ni si quiera con la intervención del Papa Francisco. Esto con el objetivo de descomprimir la desmedida población que allí anida y la cual era mayor a 700 almas cuando la capacidad es para 300.

Ni en la imaginación de Hitchcock

La fiscalía quiere hacerle creer a la sociedad salteña que, mientras los dos sicarios ejecutaban el acto criminal y quienes jamás aparecieron, pero que efectivamente utilizaron dos armas blancas para cometer el horroroso crimen; escondían a las niñas en el baño de la vivienda y acababan con la vida de la indefensa madre; Sergio Vargas simulaba toda una estrategia que incluía la venta ambulante de calzados y se apostaba en las cercanías de la casa para alertar a los criminales por si algún transeúnte o elemento de la Ley aparecía.

Según consigna la web de los Fiscales, como consecuencia de las medidas llevadas a cabo en la investigación se pudo establecer que los autores materiales contaron con la activa colaboración del imputado Sergio Vargas para la perpetración del hecho, lo que se logró probar con grado de probabilidad suficiente. (?)

Como apoyatura a esa “teoría conspirativa” sobreviene un correlato que sería la base probatoria de la “promesa remuneratoria”; dando por sentado que Vargas se llevó su “recompensa”. (!)

Al tiempo que con posterioridad ingresó varias veces a la página web del diario El Tribuno para “chequear” que todo haya salido bajo lo planeado. Pero antes de eso, cual criminal “culposo”, habría utilizado motores de búsqueda en Internet y llamado con su móvil en repetidas ocasiones sabrá Dios a quien. Llamadas que impactaron en la zona, segun la ficción de la fiscalía.

La base probatoria también se sustenta en informes policiales, de telefonía (que confirmaron que Vargas utilizó líneas telefónicas registradas a su nombre y prepagas con una “actividad inusual, intercambiando tarjetas SIM de diversas compañías de manera permanente y llamativa”), con impacto en la zona donde residía Salas, a principios de enero, consigna la pseudo-hipótesis.

“Se pudo determinar fehacientemente la utilización de telefonía celular de manera llamativamente sospechosa en general y en particular por haberse comprobado que el día 4 de enero estuvo en la zona con un equipo telefónico que no se corresponde a los numerosos elementos secuestrados en la causa”, dicen los informes. Otro dato llamativo es que el día posterior al hecho consultó la web del diario El Tribuno cuando según se puede comprobar jamás había ingresado a un portal de noticias”, consignan los fiscales.

La realidad que duele

Mientras tanto y ya en el plano de la realidad –esa que duele y que dista años luz de las fantásticas elucubraciones de los funcionarios del MPF– las hijas de Vargas están muriendo de desnutrición en el Hospital Materno Infantil.

Una de ellas tiene 4 años y 11 meses, y pesa 12.650 gramos. La otra tiene 2 años y 11 meses, y pesa 12.650 gramos.

Como si toda esta infamia no fuera suficiente y como dice un abogado del medio, “Aquí hay imputados de primera clase y otros de segunda clase”, a Vargas se le viene negando sistemáticamente la prisión domiciliaria aun cuando su acusación no es la de ser el autor material del hecho.

Para peor y en medio de este simulacro de investigación aparece una pandemia mundial que podría infectar a todos en la alcaldía y matar al desafortunado Vargas que nada tiene que ver con este desgraciado hecho y que no guarda la más mínima relación con el otro imputado, Cajal Gauffin. Como bien dice su nuevo abogado, el prestigioso penalista Marcelo Arancibia: “De dónde sacan esa fantasía”, en clara alusión a tamaña y desmedida imputación.

Domiciliaria: unos sí; otros no   

Mientras y por citar un ejemplo oportuno, Mario Federico Condori esperó el juicio en su casa con una tobillera. Su víctima, a quien honraron hace poco en un acto encabezado por el jefe de los fiscales, el doctor Abel Cornejo, quien nombró al pabellón del CIF como Cintia Fernández, en su memoria.

Es decir que el perverso violento que acabó con la vida de Cintia, esperó el juicio con prisión domiciliaria; mientras Vargas debe aguardar en la alcaldía, mientas sus hijas mueren de hambre porque su padre no puede llevarles el sustento diario.

Entonces este sistema acusatorio debe haber concluido que Vargas habría “resguardado su remuneración” en alguna cuenta en Suiza o en algún paraíso fiscal; y el peligro nutricional al que están expuestas sus hijas sería una “cortina de humo” para distraer a los fiscales. Aun sin salirse del caso cabe preguntarse ¿Por qué Cajal Gauffin está en su casa y Vargas permanece encerrado en la alcaldía y rodeado de seres infrahumanos?

Por su parte, al doctor Luciano Romano, el otro defensor de Vargas, ya se le gastaron las suelas de sus zapatos, yendo una y otra vez a tribunales a solicitar la prisión domiciliaria para su cliente con resultaos negativos el 100 % de las veces que intentó realizar el trámite judicial.

Harto de esta desigual situación es que Romano y su social, la doctora Laura Flores Mejía, decidieron reforzar la defensa convocando al doctor Marcelo Arancibia y su coequiper, el doctor Marcos Rubinovich y directamente ir a juicio ya que las diligencias daban de bruces contra una pared infranqueable.

Protección para la identidad de las menores

Las fotografías que acompañan este informe resguardan la identidad de las menores de edad que aquí se exhiben con el objetivo de que el lector tome real dimensión de las condiciones en las que estas niñas se encuentran al día de hoy.

Tomando como antecedente el caso de un menor encerrado en una jaula por sus padres en el norte de la Provincia de Salta, exhibido por los medios de prensa; donde tomó intervención la jueza de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Elba Susana Menéndez, quien hizo lugar a una medida autosatisfactiva solicitada por la asesora de incapaces, en el marco de los autos “G., A. D. Fiscalía Penal de Prof. Salv. Mazza contra G. A. A. F. por Violencia Familiar”.

Para proteger al menor, la asesora de incapaces solicitó que se ordene a los periodistas y medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales y/o buscadores de Internet cesar de inmediato de la publicación de datos personales del menor en cuestión, de su vida privada, imágenes o videos.

También pidió que ordene a los mismos “abstenerse de continuar efectuando publicaciones sobre la vida privada, familiar o sobre el estado de salud del adolescente”.

En este escenario, la jueza tuvo en cuenta que el derecho a la intimidad del niño en cuestión se encuentra protegida tanto por la Constitución Nacional como por los Tratados Internacionales, y que los medios de comunicación tienen la obligación de “resguardarlos”.

De esta manera el presente informe resguarda la identidad de las niñas y toma todos los cuidados y recaudos con el objetivo de protegerlas; aunque se considera necesaria la exhibición de dicha situación para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto de manera inmediata.

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