El hecho delictivo habría ocurrido en una obra en construcción perteneciente al Gasoducto Nea, realizado por el gobierno de la Nación a unos kilómetros de la localidad de Morillo. La firma denunciante a cargo de los abogados Facundo Martin Burgos –MP 5028– y Gabriel Esteban Acosta –MP 5623– representan a las empresas Work International Compañía Argentina de Prospección, North Cool S.A. y FCS S.R.L. Interviene la Fiscal de la localidad de Embarcación, Doctora Gabriela Souto.

La denuncia se radicó el 6 de julio de 2021 por un hecho que habría tenido su epicentro en un lugar denominado como “Pozo el Chirete” a uno 45 kilómetros de la localidad de Coronel Juan Solá, en el norte profundo de la Provincia de Salta.

Surge del contrato de comodato que las comodatarias debían utilizar los bienes para brindar servicio de “alojamiento y catering” a la firma VERTUA SERVICIOS S.A., a los fines de que ésta última desarrollase sus actividades en la obra mencionada dentro del predio de la ex Enarsa “Energia Argentina S.A. (actual Integración Energética Argentina S.A., “IEASA”), ambas empresas estatales.

En los primeros meses la actividad fue desarrollada normalmente por parte de las comodatarias y a favor de VERTUA SERVICIOS S.A. y ENARSA, lo cual se extendió hasta los primeros meses de 2016.

Durante ese lapso de tiempo la seguridad del campamento estaba a cargo de la empresa “G4S Soluciones de Seguridad”. Dicha empresa brindó sus servicios hasta el 01/09/2019, configurándose la baja de sus servicios, la cual fue debidamente notificada a las empresas comodatarias.

No dejaron ni los baños

Corría diciembre de 2019 cuando un empleado dependiente de la comodataria FCS S.R.L. se apersonó en el campamento y grande fue su sorpresa cuando advirtió el faltante de 25 aires acondicionados (entre ventana y Split), 20 camas cuchetas, 20 colchones, artefactos de baño, 2 piletas de baño, 6 inodoros, 1 bidet, 2 escritorios chicos.

El trabajador de inmediato notó que la mayoría de las puertas estaban violentadas y dañadas, en el interior de varios de los tráilers, como así también en el taller mecánico de la empresa se habían sustraído herramientas pesadas como gatos, masas, palas y picos.

Posteriormente, luego de constantes reclamos por parte de los comodatarias al anoticiarse de nuevos hechos delictivos, la firma FCS S.R.L. envió a una empleada y apoderada en el mes de julio de 2021 a los fines de realizar una constatación del estado general del campamento móvil.

Al llegar al lugar se dio con la novedad de que no quedaba ni un solo rastro de la totalidad del campamento móvil, habiéndose sustraído bienes por un valor aproximado de US$ 2.000.000,00.

Con posterioridad la empleada se contactó con los directivos de las empresas comodante y comodatarias a los fines de informar del hecho ilícito, quienes le impartieron directivas de que tomara fotografías y realizara la denuncia correspondiente. Por ello que el 06/07/2021 en su carácter de apoderada de North Cool S.A. y FCS S.R.L., radicó la denuncia en la Comisaria N° 44 de Morillo. Allí consignó todo lo concerniente al robo de la totalidad del campamento.

Movimientos extraños y ex trabajadores infieles

La misma persona que había realizado la denuncia en la comisaria de Morillo decidió buscar información sobre los responsables del supuesto ilícito. Al entrevistarse con el guardia de turno de la empresa, quien no quiso identificarse, le comentó que entre los meses de Febrero y Marzo de ese año hubo durante un lapso de 4 días, movimientos de camiones.

Las personas que habrían realizado esos movimientos procedieron a retirar la totalidad del campamento, habiendo firmado “alguna documentación para su retiro”. Al parecer la persona que habría llevado adelante toda la “inteligencia” del cuantioso hurto sería una mujer que conocía a la perfección los movimientos de la empresa.

Según trascendidos se trataría de la ex pareja de uno de los dueños, quien conjuntamente con un ex empleado, habrían logrado sacar la totalidad del motín para luego ser vendido por el sobrino de un conocido diputado nacional por Tartagal.

Puntualmente no se trataría de conventillos de las doñas en la peluquería del pueblo sino que están consignados en audios de Whatsapp, donde el jugoso motín se redujo a un precio irrisorio, totalmente inferior al valor de plaza de los mismos.

Por su parte uno de los abogados denunciantes, el doctor Facundo Burgos, le dijo a MUY CRITICO que “en los meses de julio y agosto me presenté atento a la gravedad del ilícito cometido y la urgencia en una respuesta, por lo que solicitamos turno para una entrevista con la Sra. Fiscal de la localidad de Embarcación, Doctora Gabriela Souto, a los fines de dialogar sobre la causa”.

Por último, Burgos agregó que “en dicho momento se adjuntó la prueba documental ofrecida en el presente escrito, con copias para su certificación debido a la gran voluminosidad e importancia que reviste la misma para las firmas representadas”, enfatizó el letrado.