Continúan las actuaciones en el marco del Sumario Administrativo instruido por la Defensoría General de la Provincia en contra de la Defensora Civil Nº 1 del Distrito Judicial Tartagal, Dra. Rosa Fabiola Díaz a los fines de determinar los eventuales alcances y responsabilidades administrativas en los hechos denunciados vinculados a una presunta mala administración de donaciones efectuadas a favor de la comunidad Wichí en el Norte Provincial.

La DEFENSORIA GENERAL DE LA PROVINCIA informa que el pasado viernes  19 de Febrero se corrió vista al Ministerio Público Fiscal por otro hecho diferente al que motivara el primer sumario administrativo, a los fines de la investigación de situaciones presuntamente irregulares, y que permita el esclarecimiento de los hechos denunciados y el eventual grado de responsabilidad que podría comprometer a la Magistrada y/o miembros de su entorno familiar.

En la presentación inicial se advertían situaciones de aparente contradicción que exigían una entrevista con la denunciante, hecho que recién pudo lograrse a principios de febrero debido a su residencia en zona rural y al cambio de número telefónico respecto del consignado en su presentación original, ocasión en la que aportó detalles más precisos y aclaraciones respecto del hecho denunciado.

La Dra. Díaz, quien permanece suspendida en forma preventiva en el ejercicio de sus funciones, fue denunciada por una asistida de la Defensoría Oficial N° 1 del Distrito Tartagal a su cargo, por hechos que objetivamente revisten singular gravedad y ameritan una exhaustiva investigación penal, vinculados a una anterior causa de usurpación de una propiedad en Joaquín V. González, inmueble vinculado a intereses de un familiar de la funcionaria, mas la elaboración de un instrumento privado certificado y denunciado como apócrifo, entre otros hechos; y como consecuencia de los cuales, la denunciante –asistida por la Defensa Publica- resultó objeto de una denuncia penal y un juicio civil en su contra.

“Ésta Defensoría General se debe principalmente a sus asistidos, a quienes padecen dificultades de acceso a la justicia, o en condiciones de vulnerabilidad; el cuerpo de Magistrados y Funcionarios debe acompañar este interés supremo que da sentido a nuestro accionar y la existencia misma del instituto de la Defensa Publica” sostuvo García Castiella, agregando que “No puede haber margen de tolerancia para la existencia objetiva de este tipo de situaciones, por ello la necesidad de solicitar una exhaustiva investigación que permita un total esclarecimiento de los hechos denunciados y la determinación de responsabilidades».