El abogado Pablo Marinaro -MP 3337- opina que “el ciudadano no puede ser criminalizado por los actos propios de ejercer un derecho constitucionalmente garantizado, como lo es el derecho a la libertad”. El letrado refirió al caso Castro en contexto de cuarentena y a los abusos que las fuerzas del orden cometieron durante el periodo que va desde marzo hasta la actualidad. Imagen: captura TN

¿Cuál es el límite que existe entre las medidas sanitarias y las libertades individuales?

Mi planteo es técnico en cuanto a la inconstitucionalidad de las sanciones que se han dictado durante el término de la cuarentena, de marzo hasta la fecha. La situación es la siguiente: mi idea a nivel legal es que, la Constitución de la Nación Argentina establece el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de traslado, que está establecida en el Artículo 14.

Todos conocemos que los derechos no se pueden ejercer de una manera que puedan ser reglamentados por el Estado. De esta manera hay sectores y hay situaciones en la cuales las personas –o sea el Estado– va a determinar cómo se puede ejercer cada uno de estos derechos. Pero la Constitución en su Artículo 28 dice que los reglamentos no pueden alterar el ejercicio de esos derechos.

Dicho esto vamos a la cuestión de cómo se ha establecido esta cuarentena. Mi planteo es que tanto por la extensión espacio temporal que ha tenido la cuarentena ha puesto a las personas en un estado de necesidad. Esta situación de estado de necesidad de las personas nos lleva a pensar que la cuarentena es un servicio público, o por lo menos es un servicio que presta el ciudadano al Estado Nacional

¿Por qué digo esto? porque la OMS debe en principio la actualización de lo que es la normativa o las recomendaciones que realiza al público en general. Empezó a hablar de que las herramientas  que tienen los estados no era exclusivamente la cuarentena y hace dos días ya salieron a decir que no recomiendan el uso exclusivo de la cuarentena como método de control efectivo del virus.

Vamos a diferenciar lo que es la cuarentena sectorizada de lo que es la cuarentena general de la población. ¿Por qué es violatorio de los derechos individuales? ¿Por qué la OMS se alinea en este punto? Porque el efecto de la cuarentena y particularmente en la población en general requiere lo que la OMS llamó “apoyo y contención efectiva”.

Esto implica necesariamente lo que yo estoy llamando un servicio público a ojos de la Constitución. Servicio público prestado por cada ciudadano en particular. En ese punto visto desde esta perspectiva entiendo yo que es la forma en que la Constitución en su momento ha dictado lo que implica que el ciudadano no puede ser criminalizado por los actos propios de ejercer un derecho constitucionalmente garantizado, como lo es el derecho a la libertad.

No significa que la Constitución no mire la reglamentación que puede realizar un estado en un momento determinado y en una situación de emergencia, sino hasta una forma de indemnización, en realidad se tendría que haber traducido en un apoyo y contención de la ciudadanía.

Esta situación me hace observar que la incapacidad, tanto como la extensión temporal y por la cantidad de personas que han tenido que encerrarse; no hay Estado en el mundo que pueda en esa extensión temporal apoyar y contener a toda su ciudadanía en una situación de cuarentena de semejante extensión.

Como conclusión le comento que ha mediados de la pandemia la Comisión Internacional de DD. HH. mandó una medida cautelar a la Nación respecto del caso Castro. El joven que terminó ahogado y no se sabe bien porque. Inició su derrotero con una sanción por violación de la cuarentena. Así mismo hay otros organismos internacionales como Amnistía Internacional que manifiestan veinte casos ilegítimos de uso de la fuerza.