La noticia de que fueron liberados con medidas sustitutivas por la jueza de Garantías Ada Zunino, los policías que llegaron al domicilio de Rosa y luego se retiraron, Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, no cayó bien en la opinión pública tras el horroroso femicidio de la docente de Villa Mitre. Aunque se hayan ampliado las imputaciones contra otros policías y operarios del 911, el caso mantiene un grado de disonancia en la sociedad salteña. 

El asesinato de Rosa Sulca en Villa Mitre puso en evidencia varios aspectos alarmantes de un sistema que evidentemente no está preparado para defender a la ciudadanía de los violentos y adictos que pululan por las calles de Salta.

El hecho de que después del femicidio “evitable” –para la fiscalía– de Rosita, ya nadie puede sentirse seguro ni siquiera dentro la misma casa en la que habita.

Por otro lado está presente la abulia de los elementos del orden público, quienes deben velar por la seguridad de quienes componen el entramado social, es decir el ciudadano común, quien siente que aun teniendo una comisaria en las cercanías de sus viviendas, no cumplen ninguna función con respecto a la prevención del delito.

Además del rol inexistente del Sistema 911, el cual “escucha” a una mujer indefensa clamar por su vida y aun así el operador no activa los protocolos para evitar un asesinato en tiempo real. Ni siquiera es capaz de reaccionar por instinto y advertir que se está cometiendo un crimen del otro lado de la línea.

En cuanto al rol del Estado, en referencia a la falta total de contención de dos adictos violentos, quienes tienen la libertad total de encontrase en el contexto de un delito en progreso y contar con la suficiente inteligencia como para engatusar al despachante policial y hacerle creer que quien llamó es una paciente psiquiátrica, aun con los desgarradores gritos que se escuchan en el audio.

Sin contar que se está en un contexto de pandemia y aislamiento social, donde se supone que nadie puede salir en determinados horarios, si no es con un permiso de circulación. Aun con todo eso, pudieron ingresar al domicilio de la víctima, siendo que la conocían de antemano, como trascendió.

Además del agravante de que Rosa ya había efectuado denuncias por otros robos pretéritos al día del fatal desenlace, lo que lleva a concluir que la Comisaria de Villa Mitre solo cumple un rol meramente decorativo en ese barrio.

“Cerrando la puerta después que salió el burro”

En el campo cuando un tonto dejaba abierto el corral y los animales se escapaban siguiendo su libre albedrio, se utilizaba esa ocurrencia. Análogamente la situación parece haberse trasladado al sistema de seguridad pública de la Provincia de Salta.

Para los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, de la Unidad Fiscal Especial, el femicidio de Rosa Sulca era perfectamente evitable. Aunque con todos los elementos a disposición de un crimen horroroso frente a las mismas narices de los policías, la investigación sigue su rumbo y ya tiene a varios responsables, quienes deberán explicarle a un tribunal de juicio dentro de unos meses (o años) porque dejaron morir de forma tan cruel a una mujer absolutamente indefensa, quien ya había efectuado denuncias con respecto a la inseguridad de la cual era víctima.

LEER TAMBIEN PARA EL DIPUTADO OROZCO LA DETENCIÓN DE LOS POLICÍAS ES “INJUSTA”

Las imputaciones recayeron sobre el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera, según consigna Fiscales Penales en su portal.

En todos los casos, los fiscales penales Simesen de Bielke y Rivero consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca.

Caso por caso

El operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez, fue quien atendió el llamado de auxilio, cuando Rosa advirtió que su vida corría peligro. Fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, toda vez que en su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 y dentro de las previsiones del artículo 77 del Código Penal, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia, y que con una conducta omisiva, puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo.

El supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, toda vez que, encontrándose a su cargo el contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador, incumplió deliberadamente las obligaciones a su cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades, lo que conllevó al peligro concreto hacia la vida de extinta.

El despachante policial, Héctor Roberto Herrera, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, por incumplir deliberadamente las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio, lo que conllevó ello al resultado fatal de la muerte de Rosa Sulca, ya que al ser la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle, no dio cumplimiento a las previsiones legales.

El jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, por omitir dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, contando con la posibilidad cierta de escuchar el audio para tomar una decisión en orden a la asignación correcta.

El supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera, fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, quien pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, teniendo en todo momento a su disposición el audio de la llamada de auxilio.