La ministra de Salud, Josefina Medrano, emitió un memorándum que prohibía la difusión de  información en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. La medida cayó tan mal que el gobernador decidió anular el memorándum. 

En EE. UU. se conoce como “black out” y el termino es tan oscurantista y ominoso que ni “googleando” se obtiene una etimología de lo que la expresión significa. En el gran país del norte se utiliza bajo orden directa de la “Administración” y ningún medio por más influyente que sea puede tener acceso a la información.

En Salta al parecer quisieron hacer lo mismo pero la lluvia de críticas fue tan atronadora que el gobernador tuvo que retroceder y anular el polémico “memo” 08/20.

Hace algunos días se conoció la luctuosa noticia de que en el norte de la Provincia ya sumaban cuatro los niños muertos por desnutrición. Sin ser mal intencionados podría interpretarse que lo que se intentó hacer fue meter la mugre debajo de la alfombra en vez de limpiarla.

El memorándum estaba dirigido a todas las áreas que abarca el Ministerio de Salud de la provincia de Salta bajo la prohibición de la difusión de aquello denominado como “información confidencial”.

Esto aplicaba sin discriminar a : contratos, notas, análisis, dictámenes, especificaciones, manuales, planes, técnicas, información de contables, de recursos humanos, relevamientos, estadísticas y toda aquella información transmitida, exhibida o puesta en conocimiento por parte de cada estamento de ese organismo. Aclaraba que la orden también aplicaba a los correos electrónicos, con advertencias en caso de incumplimiento.

Voces críticas y “recule”

Ante semejante afrenta al derecho a la información pública y la catarata de críticas en redes sociales por parte de muchos periodistas, como Alejandra Paredes por ejemplo, quien salió a manifestarse en durísimos términos; fue el Secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, quien salió a curarse en sano. “El memorándum de salud pública es para los datos de los pacientes, no para la información”, dijo.

Finalmente y tras la fuerte polémica que se suscitó a raíz del memorándum 08/20 del Ministro de Salud Pública, el gobernador Gustavo Sáenz dio la orden de dejarlo sin efecto.