En la granja del Ministerio Público Fiscal, la culpa no es del chancho y siempre hay un chivo para expiar culpas.

Por Pedro Javier Arancibia – abogado penalista

En el último tiempo se ha generado, a mi criterio maliciosamente con clara intención de confundir a la opinión pública, la idea de que el C.I.F., tiene toda la culpa por los crímenes no resueltos en la provincia de Salta. Y lo que debería explicarse de primera mano a los ciudadanos, es que el C.I.F. en realidad es un laboratorio con científicos que trabaja casi siempre a puertas cerradas con la “evidencia” o material que los mismos Fiscales y policías solicitan para su análisis. Es decir, cuerpos para autopsia; objetos, piel, sangre para cotejos de ADN; huellas y rastros para su interpretación y constatación; otros procedimientos como peritajes informáticos; mecánica del hecho; toxicológico; balística etc.

Pero quienes actualmente diseñan, deciden y actúan llevando adelante la “investigación”, junto a los policías “especializados” son los Fiscales Penales. Es decir, el C.I.F., para que quede claro, es el último eslabón en la cadena de investigación que se limita a realizar un trabajo científico en laboratorio.

Estoy de acuerdo, es más lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, que el C.I.F. pero también todo el sistema de investigación penal y otros asuntos de interés público, como por ejemplo los daños ambientales o afectaciones a derechos humanos fundamentales, deba ser reformado y mejorado. Pero ello implicaría el planteo de una modificación acorde y respetuosa de normas constitucionales y convencionales y con la debida y suficiente fundamentación.

En contrapartida, lo que aquí se viene pretendiendo instalar en torno a la cuestión, ante el desconocimiento de la sociedad y la excesiva difamación de los científicos, es un chivo expiatorio. Decir que los médicos; bioquímicos; psicólogos; ingenieros; peritos en criminalística o informáticos tienen toda la culpa por los crímenes impunes en Salta es de canallas. No se advierten críticas hacia el Ministerio de Seguridad, no se han propuesto reformas estructurales y sustanciales en la fuerza policial y menos aún de las divisiones especiales de investigación, ni qué decir respecto a la prevención del delito. Tampoco se vienen observando éxito o mejores resultados en las investigaciones supuestamente mal llevadas, ni la incorporación de nueva tecnología o capacitación especialidad y urgente a quienes trabajan actualmente, menos aún convenios con otros organismos fiscales o laboratorios para mejorar las “estrategias” investigativas.

Lo que evidentemente pretende el Dr. Abel Cornejo, es buscar una falsa legitimación pública y política para echar mano con arbitrariedad y subyugar o someter las instituciones que están al servicio de la verdad real. Controlarlas en todos sus estamentos para inducir criterios de búsqueda e imponer una determinada ideología verticalmente a los súbditos fiscales y auxiliares.

Definitivamente el Cuerpo de Investigadores Fiscales (C.I.F.), debería ser, cada día más, un organismo independiente de otro poder estatal, autónomo funcionalmente y autárquico financieramente. Sin embargo, ahora depende jerárquica, funcional y económicamente de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal quien asimismo fue designado por el gobernador de la provincia.

El C.I.F. debería ser un ente al servicio del “sistema de justicia”, de la sociedad y en rigor al servicio de la “verdad”. Sin ser parte interesada, más que en el análisis objetivo y científico de las evidencias y el esclarecimiento de los hechos criminales y otros asuntos de interés público que demande una investigación de campo o en sus laboratorios.

Por ésta razón inicial y otras más que iré señalando debe rechazarse la propuesta del Gobernador de la Provincia de Salta a instancia del Procurador General, Dr. Abel Cornejo, de que el C.I.F., sea dirigido por un “Fiscal”. Bajo ese formato, se continúa concentrando el poder en el Ministerio Público Fiscal y transitamos hacia lo que en otro tiempo se le criticaba a los Jueces de Instrucción, manejarse de manera inquisitorial. Y en tal sentido no habría sólo un cambio de nombre o funciones del “juez instructor” al “investigador fiscal” sino que se monopolizarían aún más los instrumentos de investigación y prueba.

Si permitimos el avance arbitrario, bajo una camuflada urgencia institucional, la “investigación procesal penal” propia de un Fiscal y la “investigación científica” propia del C.I.F., estarán unificadas y siempre sesgadas o condicionadas a su rol de acusador y por lo tanto resultará parcial. Porque se investigará lo que el Fiscal Penal o Procurador General quieran, de la manera y en el aspecto que deseen y esto objetivamente es sumamente arbitrario.

Puesto que se trata de un Cuerpo de Investigadores, la “investigación” debería servir y aportar tanto a la acusación como a la defensa; al que demanda y al demandado, precisamente en la búsqueda de una igualdad de armas o recursos en los procedimientos y proceso judicial. Reitero, la verdad, ante todo, debe estar al servicio de la sociedad y quienes investigan deben ser independientes de las partes interesadas y limitarse al esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de lo verdaderamente acontecido.

En ese sentido, propongo junto a muchos otros colegas expertos que comparten la opinión, que el C.I.F. debería estar dirigido por expertos/as en INVESTIGACIÓN, que no necesariamente debe ser exclusivamente sobre hechos ilícitos, sino también sobre otros acontecimientos que afecten el interés público y la legalidad. Inclusive la dirección debería estar conformada por tres expertos/as y no sólo una como propone el proyecto, lo cual le daría mayor transparencia independencia y alternancia, con decisiones deliberadas.

Sus directores pueden o no ser abogados, es decir también profesionales idóneos en otras disciplinas como sociólogos; antropólogos; criminalistas o criminólogos, ex policías investigadores u otro experto/a que acrediteante el Consejo de la Magistratura, idoneidad suficiente con el correspondiente concurso de antecedentes y oposición para diseñar “estrategias de investigación” (externa en terreno) y trabajo (interno) de laboratorio o científico, que es que desarrolla actual y propiamente. Por ello, es decir para lograr transparencia, independencia, objetividad y eficiencia, el organismo C.I.F., entonces debería ser autónomo y dentro de la estructura del poder judicial, por ser un servicio del sistema de justicia.

Tenemos por nuestra parte, la obligación moral y una responsabilidad cívica de dar el debate democrático, la discusión de diferentes ideas y prácticas institucionales y no acatar con resignación lo que se baja como mandato impuesto, si es que pretendemos hacer respetar y garantizar los derechos constitucionales. Tenemos el derecho de disentir y de efectuar observaciones fundadas cuando advertimos una ilegalidad o peligro para el estado democrático de derecho.

Es sumamente importante, que los legisladores, no se limiten, como ocurre habitualmente, a levantar obsecuentemente la mano sin el menor análisis del proyecto de ley que reenvía el Gobernador por elaboración unilateral y conforme antojo del Procurador General.

Debemos advertir que este tipo de reformas tienen una enorme trascendencia pública, puesto que las condiciones de implementación del sistema de investigación penal y asuntos de interés general resulta clave para la seguridad jurídica y pública. Se merece una deliberación democrática responsable, con solvencia de fundamentos, con verdadera legitimación democrática y ante todo con respeto de los derechos y garantías constitucionales en el marco de los aspectos republicanos que conciernen al Estado.

Aquí las cámaras legislativas deberían tener un rol protagónico, con legisladores que ejerzan por su representación el poder soberano. Sobre todo, cuando desde hace un tiempo considerable se advierte una especie de subestimación o desprecio por la opinión de los legisladores, ante asuntos que aparentemente requieren de opiniones expertas en la materia. Estas justificaciones maliciosas ocurren habitualmente cuando, en proyectos como el referido, se esconden ambiciones personales vinculadas a la concentración de poder. Los legisladores no deberían delegar fácilmente la deliberación y elaboración de las leyes que reforman instituciones esenciales del Estado.

No puede ni debe quedar a merced de una sola persona la decisión de cómo, cuándo, dónde y a quién se investiga y respecto de qué hechos. Ello solo sería sinónimo de concentración de poder. Comportaría auspiciar el autoritarismo y la discrecionalidad, ya que afecta peligrosamente la legalidad y seguridad jurídica de todos los ciudadanos/as.

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