En septiembre se realizará un juicio contra integrantes de una Comunidad Diaguita Calchaquí. Fotos: Latinta.com.ar

Los imputados son Santos Esteban Alancay, Yani Ulises Yáñez, Ariel Damián Prieto, Tomasa Zenobia Viveros; Agustín Mamaní, Quintín Nicolás Cruz y Esteban Cruz. Serán juzgados por los delitos de coacción, resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves (cuatro hechos) en perjuicio de personal policial, todo en concurso real, y daños y desobediencia judicial en concurso real.

El hecho por el cual fueron acusados los siete integrantes de la Comunidad Diaguita Calchaquí, ocurrió en el Paraje Las Pailas (Cachi). Consta en las actuaciones que intentaron impedir la colocación de dos tranqueras en un camino vecinal.

Los acusados adujeron a los obreros contratados por el propietario de la finca que no les permitirían hacer el trabajo porque esas tierras les correspondían por derechos ancestrales. En ese contexto se produjo un forcejeo con los obreros, a quienes habrían amenazado para que se retiraran del lugar.

Luego también se habrían enfrentado con el personal policial que arribó al camino vecinal para disuadirlos. En este caso, arrojaron piedras desde una ladera a los uniformados, lesionando a cuatro de ellos. A raíz de los impactos también resultaron dañados dos vehículos (uno oficial y uno particular).

En la requisitoria fiscal consta además que los miembros de la comunidad tenían prohibición judicial de ingresar al inmueble donde ocurrieron los hechos.

La jueza Mónica Faber, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, decidió reprogramar el juicio, que será desde el 18 de septiembre de 2019. Se analiza la posibilidad de celebrar la audiencia en Cachi.

La reprogramación de la audiencia fue ordenada por haber aceptado un planteo de nulidad de la defensa técnica de los imputados. En el escrito, se refirió a la falta de acceso al legajo de investigación.

La jueza decidió entonces reprogramar el juicio, ya que la audiencia de debate no fue abierta y a los fines de garantizar a la defensa el acceso al legajo de investigación.

Por otro lado, rechazó un incidente de nulidad presentado por la defensora referido al delito de coacción, entendiendo que en el requerimiento de la remisión de la causa a juicio el delito se encuentra motivado y con las víctimas debidamente identificadas.

Prensa Poder Judicial