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Asistir

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que modifica los artículos 10 y 11 y agrega el artículo 10 bis a la Ley 7.896 referente al Programa “Asistir”, para posibilitar a las víctimas de delitos o sus familiares de escasos recursos el acceso al patrocinio de un abogado y constituirse como parte querellante en los procesos penales.

Al parecer, las centenares de marchas en la Plaza 9 de Julio los viernes, comienza a rendir sus frutos. El diputado Manuel Santiago Godoy, autor del Proyecto, manifestó que la iniciativa nació principalmente por el impulso y el apoyo a los miembros de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, quienes marchan todos los viernes alrededor de la Plaza 9 de Julio pidiendo justicia.

Salta es una de las provincias con más víctimas en siniestros viales por una multiplicidad de factores absolutamente evitables, pero que, al momento de sucedidas las tragedias solo quedan las lamentaciones. Muchas de esas víctimas son de escasos recursos, quienes deben afrontar gastos elevados, además del dolor de la pérdida irreparable de un ser querido.

Llamado a inscripción

Una de las modificaciones más importantes planteadas por los legisladores fue que todos los profesionales que se inscriban en el programa podrán ser elegidos por las propias víctimas y ya no será mediante un sorteo.

Los abogados que sean seleccionados para un determinado caso, tendrán un lapso de 72 horas para aceptar el caso, si el profesional rechazara trabajar en el mismo, dejaría de formar parte del programa. Tampoco podrán dejar el juicio durante el desarrollo del mismo sin previa justificación.

El diputado Lucas Godoy explicó que ampliando el alcance de este programa se abre otro camino que consideran de mayor efectividad, se está brindando un mayor apoyo a las víctimas que no cuenten con el dinero suficiente para afrontar gastos en este tipo de casos.

“De esta manera las víctimas tendrán una mejor respuesta por parte del Estado, es por eso que esperamos que sean muchos  los profesionales que se inscriban para trabajar en el programa”, declaró el legislador.

“Estamos brindando un apoyo muy importante para quienes son víctimas de un delito y no cuentan con facultades económicas necesarias para contratar un abogado para su defensa”, argumentó el legislador.

Por su parte, el diputado Claudio Del Plá explicó que la parte querellante es una necesidad muy importante para las personas que no pueden pagar un profesional por lo cual este Proyecto es una herramienta que fomenta la Justicia.

“Nos parece muy importante que los abogados no sean elegidos por el azar y que sean las propias víctimas que decidan quienes los van a defender”, declaró el legislador.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

Caso testigo

El 15 de noviembre de 2016, María Laura Moyano Dip atropelló con su automóvil a Nicolás Suárez Juan Traico, un joven que no contaba con la posibilidad de costearse un querellante. La conductora del automóvil que dejó al muchacho en coma por cuatro días y desfiguración de rostro, jamás había sido imputada y el caso iba directo al olvido.

Ante esto la familia Suárez Juan Traico fue a dar de casualidad al Estudio Jurídico Latorre Diez, donde los atendió el penalista Javier Latorre, quien decidió tomar el caso en concepto Pro bono. Se trata de una expresión latina que significa “para el bien público”. Se utiliza para designar al trabajo generalmente jurídico, pero bien puede ser de otra profesión u oficio, realizado voluntariamente y sin retribución monetaria por el bien del interés público.

Es un caso aislado que por azar del destino fue a parar a manos de este estudio de abogados, el cual destina un solo caso por año bajo esta modalidad.

Casos como estos no necesitarán de un “milagro” del destino para tener un patrocionante, gracias a esta iniciativa aprobada en la Legislatura salteña.