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#CasoThiago / Estos son los argumentos de la denuncia penal contra Marianela Cansino

Fueron esgrimidos por el abogado defensor de Juan Pablo Recchiuto, minutos después que saliera de comparecer la testigo Margarita Daza, quien al momento de los hechos se desempeñaba como jefa del Programa de Sistemas Alternativos. Esta testigo complicó en gran medida la situación de la ex ministra. AUDIO

Según las propias palabras del abogado Juan Pablo Recchiuto, patrocinante de la psicóloga Lorena Alejandra Recchiuto, este es el momento en que notifica al tribunal y a las partes que procederá a la denuncia penal contra Marianela Cansino.

Ley 7694, en particular articulo 18, inciso 12; y articulo 23, inciso 1, los cuales determinan el artículo 18 de la mencionada ley, establece que es de competencia de cada ministerio de la Secretaria General de la Gobernación y, a merito de síntesis me remito al inciso 12º, donde dice:

Ejercer la dirección y control de las actividades que realicen las dependencias del ministerio a su cargo y la administración de recursos asignados a su área resolver por si todo asunto que no requiera decisión del Gobernador.

Por su parte el artículo 23, inciso primero, al determinar la competencia de cada uno de los ministerios que establece y referido al Ministerio de Derechos Humanos, establece: inciso primero, entender en la elaboración o modificación de normas, programas vinculados a los derechos humanos, así como a realizar los estudios necesarios para recomendar modificaciones o el dictado de nuevos preceptos.

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Como podemos advertir y como surge de la prueba recabada a esta instancia del debate, estos dos preceptos gubernamentales, estatales, en cabeza del ministerio no han sido cumplidos. Donde ésta defensa advierte -patente- la violación de la norma jurídica del artículo 249 del Código Penal.

Como elementos probatorios son más que evidentes las declaraciones formuladas por la testigo Salas, Cordero, Ferranoti y recientemente la testigo Daza, quien refiriere que en el año 2014 se intentó realizar un protocolo de re funcionalización que nunca fue aprobado y como si todo esto fuera poco, existe expediente presentado por Ivana Bruno, que llegó al ministerio y hasta lo que ésta defensa conoce ni siquiera tuvo tratamiento.

En estas condiciones no existe ninguna duda y menos desde esta posición de que habría sido configurado este delito por la omisión e incumplimiento manifiesto de los deberes que pesaban a cargo de dicho ministerio, cuando lo que estaba en juego era precisamente las personas humanas involucradas, especialmente los niños, las familias. Trátese en el ministerio de Derechos Humanos y en este contexto invito al Ministerio Público Fiscal a continuar las actuaciones sobre el particular y se disponga lo pertinente.