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#CasoMoyanoDip / “Tienen que dejar de existir imputados de primera y segunda clase”

Lo dijo el abogado de Nicolás Suárez Juan Traico y va mas allá del campo jurídico, es una verdadera crítica a la ominosa raigambre que vive, hace siglos, la sociedad salteña.

El abogado Javier Latorre lanzó una frase durante una entrevista radial que constituye una verdadera síntesis de la perversidad con la que se maneja la sociedad salteña desde tiempos inmemoriales, siendo el título de este editorial.

“Sin lugar a dudas, el paso del tiempo ha resultado más funcional a la consolidación de la impunidad que a la obtención de Justicia y la efectiva sanción de los responsables”, enfatiza la diligencia que exige –a la lentísima Justicia salteña– la imputación de María Laura Moyano Dip, en el marco de la causa que se le sigue por los delitos de Lesiones culposas por accidente de tránsito e Insolvencia fraudulenta en concurso real.

Nicolás Suárez Juan Traico despierta en las noches gritando, después de que una pesadilla cargada de un horror inimaginable asaltara su acotado sueño nocturno. Su madre, Carina, se sobresalta, corre a ver si su hijo ha enloquecido o son manifestaciones del dolor extremo que siente por haber perdido parte de su rostro; mientras Moyano Dip duerme plácidamente sin imaginar que su irresponsabilidad al volante de su automóvil le ha causado un daño irreparable a un joven de solo 22 años.

Mientras el fiscal Santiago López Soto tardó cuatro meses en imputar a Moyano Dip, solo por obra y gracia de la enorme presión que ejerció la prensa local después de la publicación de MUY CRITICO. De no haberse iniciado la investigación desde este “modesto” portal digital, el expediente hubiera seguido juntando moho en algún cajón de la Fiscalía penal número 4, a su cargo.

Pro bono

Se trata de una expresión latina que significa “para el bien público”. Se utiliza para designar al trabajo generalmente jurídico, pero bien puede ser de otra profesión u oficio, realizado voluntariamente y sin retribución monetaria por el bien del interés público. Es lo que decidieron los abogados del equipo del doctor Latorre, después de ver el rostro de Nicolás.

Muchos abogados prestigiosos en EE. UU. se dedican por mes, a un caso en particular de personas que no pueden costear una querella o defensa, es lo que sucedió en este caso.

Mientras el Estado provincial mira para otro lado y la victima no cuenta con el dinero suficiente o un apellido “acomodado”, dentro de una sociedad pacata y esnob, es cuando surge una “fuerza” proveniente de un lugar inesperado y le brinda equilibrio a un sistema corrompido por una perversión que no encuentra ninguna explicación.

Imputada después de cuatro meses

Después de la trágica mañana del 15 de noviembre de 2016 hasta el día 31 de marzo de 2017, María Laura Moyano Dip jamás había sido imputada por la nefasta maniobra que destrozó el rostro de su víctima y lo dejó al borde de la muerte. Esto nos deja con una reflexión difícil de comprender para la racionalidad de un ser humano.

Para la Justicia salteña, Nicolás Suárez Juan Traico, golpeó con su cabeza el automóvil Volkswagen Bora color gris dominio JCI-633, causándole una abolladura en su lateral derecho, dañando su espejo retrovisor y arruinando parte de la pintura. Luego se recostó en el suelo a tomar una siesta, hasta que llegó la ambulancia y lo trasladó al hospital San Bernardo en código rojo.

Más allá de la ironía de este editorial, la Justicia salteña pretendía que Nicolás diera una explicación que sonaría así de ridícula, en mediación. Por cierto una medida absurda que fue interpuesta por el abogado de la familia de la víctima.

“El hecho descripto encuentra su enmarque típico en la figura de los Artículos 94 y 179, segundo párrafo, configurando los delitos de Lesiones culposas por accidente de tránsito e Insolvencia fraudulenta en concurso real en función del Artículo 55 del C.P. imputable a María Laura Moyano Dip”, reza el escrito que le dio un poco de equilibrio a semejante aberración.

Que la Constitución nos proteja

“La víctima, hace expresa reserva del derecho a iniciar las acciones correspondientes por retardo de justicia, tal como lo prevé la norma procesal citada en el artículo 5to de nuestra Carta Magna Provincial (…) El Estado, y en su caso sus funcionarios y empleados son responsables por los daños que ocasionen. Esta responsabilidad se extiende a los errores judiciales”.

Afortunadamente en la Constitución, redactada por hombres de bien, que preveían acciones de esta índole, configuraron una instrumentación jurídica de estos “sagrados” textos, los cuales están a la altura de la circunstancias en casos de esta perversidad.

“En este sentido, los Fiscales tienen la obligación de adoptar medidas necesarias para evitar la responsabilidad del Estado por denegación”.

Diligencias faltantes y fundamentos de la imputación

Si había que esperar pacientemente a que el fiscal imputara Moyano Dip, ahora resta la citación de los testigos presenciales del hecho. Dos albañiles que se encuentran a la fecha, trabajando en una construcción en las proximidades de la empresa PETROANDINA S.R.L., por cierto empresa donde se desempeña laboralmente la, ahora imputada.

A su vez Moyano Dip, al ser notificada del proceso en su contra, habría transferido al señor Pablo Nicolas Dioli –su hijo– mediante la firma de un Formulario 08 en blanco, el automóvil Volkswagen Bora Dominio JCI 633, con el fin de sustraerlo de su patrimonio para evitar que sea objeto de futuras acciones civiles que surgieran.

Asimismo, el siniestro se produjo en la puerta de ingreso de la empresa PETROANDINA S.R.L., por lo que la parte querellante argumenta que Moyano Dip “a las claras, ha tenido el tiempo necesario para concertar con sus compañeros de trabajo pruebas testificales falsas, toda vez que cualquiera  podría argumentar que ha presenciado el siniestro por expresa solicitud de Moyano Dip. Por lo demás, estando la acusada en libertad continúa latente dicho peligro, el cual debe mitigarse con la medida procesal solicitada”.

Al momento del hecho, la empresa PETROANDINA S.R.L. contaba con cámaras de seguridad en el frente de las instalaciones, por cierto denuncia policial realizada por la madre de la víctima en la que solicita que la Fiscalía interviniente requiera las video-filmaciones. “Como por arte de magia, días después del hecho, las cámaras de seguridad desaparecieron”, indicó el equipo de abogados de la familia de la víctima.

Todavía falta lo peor de la impunidad

Aunque se realizaran todas estas diligencias, las leyes en la Argentina no aseguran que el imputado sea castigado con prisión efectiva y/o la retribución civil, ya que estas leyes contienen una exasperante permisividad para los irresponsables al volante.

Solo en una rara excepción en Salta, un asesino al volante como el energúmeno Jorge Barrientos, pagó la muerte de cuatro personas con 8 años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual, en la tragedia de Quijano. Pero este caso dista mucho de aquel por todo lo antes expuesto.

En algún momento la conductora del vehículo que atropelló a Nicolás deberá ir a juicio oral y público, y en el hipotético caso de que resultara culpable, la condena será excarcelable, ya que las leyes así lo dictan, porque es sabido que las inconductas a bordo de un automóvil en la Argentina gozan de una impunidad manifiesta.

En consecuencia y a modo de reflexión final, solo resta brindar un consejo. En Salta, Argentina, de no contar con apellidos acomodados y una cuenta bancaria abultada, se ruega evitar transitar por las calles o conducir una motocicleta, ya que algún ciudadano desprevenido perteneciente a  la alta sociedad, tiene toda la impunidad para destrozarte y lanzarte por los aires, mientras tanto la Justicia nada hará al respecto.

Nota de Redacción: La fotografía que acompaña esta nota -la que está ubicada al lado de la fotografía de la victima- fue publicada en la cuenta de Facebook “Lalita Dip” y por ende es de carácter público.