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#CasoHinchaSanLorenzo / Justicia light

Las leyes argentinas se caracterizan por su exponencial liviandad. Innumerables casos que involucran a menores homicidas, asesinos al volante o locos que no saben lo que hacen. Al final es todo más de lo mismo: asesinos que se van a sus casas después del juicio al que fueron sometidos, como si de un simple trámite se tratara.

La imagen se repite sin solución de continuidad, la del asesino que amparado bajo un crisol de tecnicismos se va a su casa sin una condena efectiva. Existen muchas formas de matar y no purgar la pena por hacerlo, la más común es siendo menor de edad, como en el caso de Mauro Cabral, quien, según la Justicia resultó responsable de tamaña atrocidad, como lo es el hecho de dejar cuadripléjico a José María García.

Para el Derecho lo que cuenta es lo que se puede probar, no lo que se crea que sucedió; y es obvio que todos merecen una defensa. Con estos dos elementos los penalistas navegan por términos como “plataforma fáctica” o “sinceridad procesal”, y al final de cuentas un asesino, que cometió una atrocidad antes de cumplir la mayoría de edad, solo tiene que realizar trabajos comunitarios y fijar domicilio.

Hecha la ley hecha la trampa

El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia.

Basado en este principio fundamental y las técnicas procesales, el Derecho penal se convierte en todo un arte. Crímenes aberrantes quedaron impunes por el solo concepto de “el beneficio de la duda”.

Lejos ya de las cavernas las sociedades modernas encontraron como protegerse mediante las leyes. Pero esas mismas leyes muy a menudo encuentran puntos ciegos donde la lógica procesal, en correspondencia con la búsqueda de la verdad real, dan giros inesperados, quedando todo tapada bajo una nube de dudas, y existen abogados expertos en encontrarlas.

Maestros del Derecho penal

Marcelo Arancibia tiene tanto derecho a trabajar de defensor como Carl E. Douglas, uno de los abogados que defendió a O. J. Simpson, en uno de las defensas más increíbles en la historia del derecho penal a nivel mundial.

Las estrategias defensivas no tienen ningún punto de contacto con la ética o la moral, sino más bien con la técnica procesal. Sí se puede demostrar… “realmente” sucedió.

Cuando se habla de plataforma fáctica, los conocedores del derecho penal no están diciendo otra cosa que “está basado en los hechos o limitado a ellos, y no en lo teórico o imaginario”, de donde se desprende que se “necesitaba pruebas fácticas que demostraran su teoría”. Esto no es más que la definición de la palabra “factico”, por cierto definición que está en cualquier diccionario de la lengua castellana.

Para el abogado defensor es una obligación “hacer valer la inocencia del imputado mientras no se declare responsable”, tal como lo dice una de las obligaciones fundamentales del abogado. Es decir que para el defensor es una obligación recurrir a la técnica que sea necesaria para lograr la absolución o la mitigación de la pena.

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Punto ciego

Si bien en un debate oral y público donde se juzga a un individuo por un acto criminal son muchos los elementos que convergen. Pero sin dudas el verdadero punto ciego está en las leyes. El proceso penal solo transita por los rieles de lo que descansa en lo establecido por la ley.

En la Argentina las leyes son muy permisivas. La edad de imputabilidad de una persona es de 16 años cuando en el resto de Sudamérica es de 14, por más que los intelectuales de izquierda se rasguen las vestiduras y consideren que esa no es la solución.

Tampoco existe la prisión a perpetuidad. Nadie va preso por el resto de su vida, el máximo de pena son 35 años, por más que haya matado a 6 millones de judíos en un horno. Tal como lo hicieron los jerarcas nazis, quienes fueron juzgados y colgados en la plaza principal, frente a todos, para mostrar al mundo que el castigo debía ser aleccionador.

Otro punto urticante son las etapas de instrucción mal hechas. A veces por torpeza y a veces a propósito. Obvio que el caso Nisman y el de las Turistas francesas son, por escándalo los primeros del podio, aunque la lista es larga y ominosa.

Finalmente el tema de la falta de independencia de poderes mezcla un coctel muy peligroso a la hora de centrar el análisis en el poder político. Aquí es cuando la gravedad institucional trepa a niveles alarmantes. Un funcionario del poder ejecutivo es muy difícil verlo en un pabellón de una penitenciaría federal, rodeado de personas infrahumanas.

Al observar estos casos atroces, donde familias enteras han sufrido la descomposición de sus vidas en la sociedad por la pérdida de un ser querido, afectándolos en su salud de manera perversa, es cuando la sociedad se pregunta si realmente la ley los protege.

¿Por qué un menor de edad puede asesinar y al final del juicio irse a su casa? Es la pregunta que las instituciones le deben a José María García y a su familia.