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#NiUnaMenos / ¿Calletti debe renunciar?

Los casos de la niña wichi violada en banda, embarazada y abandonada por todos los ministerios del estado salteño; más el aberrante episodio del femicida reincidente de Villa Las Rosas lleva a una conclusión inapelable ¿puede un funcionario permitir que dos casos tan graves y evitables hayan sucedido en la provincia, tristemente célebre a nivel mundial por sus femicidios?

Por Iggy Rey

Dos casos gravísimos de abandono y desatención del Estado sucedieron entre noviembre de 2015 y enero de 2017, lapso de tiempo en el que la ministra Pamela Calletti se desempeñara en la cartera de Derechos Humanos y Justicia.

Según publicó el diario híper oficialista ElIntra.com.ar en declaraciones de Calleti:

“Todos los días intervenimos en cientos de casos abuso sexual, de mujeres que salvamos, acompañamos y empoderamos (!) para que abandonen sus parejas y decidan (…) Avanzamos mucho, hay más de cuarenta profesionales trabajando en Capital solo en violencia, equipos en el interior, pero ocurren estos hechos ante el que actuamos en forma inmediata para deslindar responsabilidades y tomar luego decisiones sistémicas”, sostuvo.

“Las visitas íntimas ocurren en un contexto de privacidad y no existe como regla general una restricción de las mismas por el tipo de condena, pero sí por la conducta del sujeto o el nivel de peligrosidad”.

Estas declaraciones no resisten mucho análisis, es como describirle el agua a alguien que se está ahogando.

Primer caso: la niña violada en Alto La Sierra

Corría noviembre de 2015 cuando una banda de salvajes violaron y embarazaron a una menor en Alto La Sierra. Una miserable comunidad de pueblos originarios perdida en algún lugar de la selva, al norte de la provincia de Salta.

A la menor, discapacitada, quien fuera atacada en banda en tierras ancestrales de las comunidades Lhaka Honhat, no le practicaron anticoncepción de emergencia, quedó embarazada y el feto presentaba un diagnostico fatal, era anencefálico.

Sí bien hasta allí la responsabilidad del Estado salteño no tiene injerencia, lo que vendría después sería pavoroso en materia de inacción, ya que, según señaló la abogada Mónica Menini, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades:

“Los padres denuncian la violación, pero nunca más nadie se acercó. No tuvo ni tiene abogados, no accedió a la pastilla del día después, no la informaron sobre su derecho al aborto no punible, no le hicieron una cámara Gessel porque no había ningún traductor de wichí en toda la provincia… La salud pública no existió y el Estado tampoco”, explicó.

wichi

Lo espeluznante fue que la niña continuó los casi nueve meses del embarazo sin ninguna asistencia por parte del Estado, ni en materia de contención, ni menos asistencial, con un ginecólogo presente. Obviamente y como es de publico conocimiento el feto fue extraído sin vida al momento de la concepción, mientras Calletti perdía su tiempo sabrá Dios en que, el embarazo ya había avanzado y era imposible un aborto. Otro tema conflictivo en el horizonte, el del aborto no punible.

Entre el festin de desatenciones y AQUÍ SÍ ESTÁ DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EL MINISTERIO DE CALLETI, se le negó el derecho al aborto no punible y la posibilidad de declarar mediante Cámara Gesell por no hablar español.

Durante esos fatídicos meses, los cuales fueron, desde noviembre, en que se queda embaraza, hasta junio de 2016, El Tribuno consignaba lo siguiente:

Han fallado los costosos esquemas asistencialistas de Derechos Humanos, Infancia, Seguridad, Justicia, Asuntos Indígenas. Han fallado los niveles preventivos de la Salud, pero también la investigación del caso y su continuidad tras la violación en banda.

Los jury de enjuiciamiento solicitados al fiscal y al juez de la causa y las denuncias del Defensor del Pueblo contra los responsables de al menos cuatro ministerios, son solo la reacción posterior y tardía de un escándalo que amenaza con poner en riesgo la estabilidad de varios funcionarios y la credibilidad del Estado.

Por su parte el delegado provincial del Inadi y ex Defensor del Pueblo, Álvaro Ulloa le decía a Infobae:

“La denuncia que voy a presentar apunta a que se trató de una discriminación sistémica. No es que ‘alguien’ se equivocó. No hubo un error de un médico, o un error de un Ministerio. Hubo una política estatal que generó esta situación”.

En el mismo mes de junio de 2016 se redactaba un lapidario informe de la investigación que realizaron diputados de la comisión de Derechos Humanos, sobre el caso de la niña Wichi de 12 años violada y embarazada, el cual denunció falencias del Estado.

Las conclusiones preliminares del informe, a partir de testimonios recogidos y que puso a consideración del cuerpo el titular de la comisión de Derechos Humanos, Mario Angel, fueron señaladas como preocupantes.

Tras analizar las investigación realizada en la población Alto La Sierra, donde ocurrieron los hechos, se concluye de manera preliminar que “todas las autoridades judiciales y administrativas obligadas a hacerlo, no cumplieron con lo dispuesto en los protocolos de atención integral para los casos de abortos punibles y para la atención integral de las víctimas de violaciones sexuales”, dijo en el recinto el diputado Angel.

Segundo caso: femicidio en Villa Las Rosas

Se trató del primer femicidio del año 2017, en lo que el caso presentó una particularidad muy marcada. Hacía aproximadamente 10 años atrás, Gabriel “Chirete” Herrera, purgaba una condena por hurto cuando recibió una visita intima de su pareja por entonces, a quien asesinó en ese ámbito. Esto sucedió en Metan.

Repitió exactamente la misma conducta casi una década después. Este interno gozaba de acceso a internet mediante un teléfono celular, tenía una cuenta de Facebook con fotos dentro del penal acompañado por su pareja; tuvo acceso a una herramienta o utensilio cortante del taller o la cocina del penal, aun no hay precisiones por que Herrera se negó a declarar y el fiscal en turno está investigando el hecho de sangre que se llevó la vida de Andrea Neri.

herrera

¿Cuál es responsabilidad del ministerio de Derechos Humanos y Justicia en este caso?

Un interno con un grave antecedente como este no puede gozar de todos estos beneficios antes mencionados, sin contar con que ingresa a la visita intima armado con un elemento punzocortante y los guardias que deben controlarlo están a 200 metros del hecho.

Este tipo de irregularidades son materia de análisis de este ministerio. Al parecer los funcionarios del Estado ignoran los protocolos básicos de un penal y sobre todo olvidaron el concepto de que una unidad carcelaria no es un depósito de gente, sino que es un lugar donde permanentemente se violan –justamente– los Derechos Humanos.

Por ello el foco de atención debe estar puesto en estos sistemas que ante la mirada permisiva de toda una sociedad no cumplen con los requisitos básicos de convivencia.

Herrera debería haber sido controlado de otra manera, él no debe ser el único interno con antecedentes de violencia contra la mujer, de seguro muchos como él no son ni siquiera observados como casos especiales, sino como uno más del rebaño de “indeseables”.

Los funcionarios parecen no entender el por qué de la existencia de estos ministerios, los cuales funcionan bajo la órbita del Estado, justamente porque deben bregar por los más débiles y desprotegidos y no actuar cuando los hechos ya se consumaron, la estadística se sigue acrecentando y la sensación es que la vida vale cada vez menos.

Sin dudas lo más preocupante reside en que  estos ministerios, los cuales deben instrumentar sus funciones con la oficina de violencia familiar, no trabajan en algo tan básico como la prevención.  El trabajo del Estado debe estar enfocado en prevenir. De nada sirven las aleccionadoras acciones posteriores a los hechos cuando la víctima ya está en la morgue. En nada aporta pasar a disponibilidad a los funcionarios del penal que permitieron que esta bestia asesinara a Andrea delante de todos y nada hicieron.

¿Se hará cargo el Estado o cortará el hilo por lo más fino? Evidentemente Calletti no va a renunciar y el gobierno no va a hacer ni media autocritica ante semejante desatino.

Mientras crean los funcionarios que salir con un cartel que reza el conocido Hashtag a la calle los días que hay marchas, y con “visibilizarlo”, el problema está solucionado, están muy equivocados y las muertes van a continuar como la pandemia que es.

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